El servicio de transporte que conecta desde la Capital Industrial a El Progreso y viceversa fue reactivado ayer a medio vapor por algunas de las empresas que habían suspendido operaciones luego de recibir nuevas amenazas de extorsión.
Catisa, Tupsa y Trasul fueron las compañías que reanudaron sus labores desde las 5:00 am de ayer jueves, después de haber estado paralizadas desde el pasado sábado a las 11:00 am luego de registrarse un atentado en la terminal ubicada en la avenida Júnior de esta ciudad.
Unas 40 unidades de las empresas movilizaron ayer nuevamente a los pasajeros pese a que los motoristas y ayudantes aseguran tener miedo, pero deben trabajar para generar ingresos.
“Ya se llegó a un acuerdo con los que estaban pidiendo el impuesto y nos dieron la orden que regresáramos a trabajar. Uno nada más debe dejarle las cosas a Dios porque el temor que pase algo lo tenemos, pero también tenemos familias que mantener”, relató un colaborador de Catisa.
Alejandra Express, Yoreños y Cotasyl Express continuaban en paro de labores ayer por la mañana, acción que emprendieron el miércoles a raíz de los recientes cobros del llamado impuesto de guerra.
Las oficinas de las empresas en la Central Metropolitana de Buses se mantuvieron cerradas todo el día y la administración del lugar dijo desconocer hasta cuándo estarán sin funcionar.
Acciones
La Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) informó que las investigaciones siguen, sin embargo, dijeron que la información obtenida no puede ser revelada por ahora.
Recordaron que todo el trabajo hecho hasta ahora lo han realizado de oficio, pues no cuentan con denuncias de parte de los afectados, a los que hicieron un llamado para que colaboren con ellos con información que pudiera ser clave en la búsqueda de los responsables de las extorsiones.
“Es que ellos (trabajadores) le dejan la responsabilidad a los dueños (de los buses), se les insiste que también es responsabilidad de ellos, porque son los que andan en las unidades y son las víctimas”, explicó un representante del FNAMP.
Dirigentes de transporte urbano reiteraron la necesidad de brindar seguridad en buses con al menos dos o tres efectivos policiales y militares, pero además, investigar quiénes son las mentes detrás de la extorsión.
“Hay compañeros coludidos con estos criminales, los entes de seguridad deben hacer bien su trabajo e investigar”, afirmó un dirigente. Según los afectados, cada unidad de bus debe pagar L8,000 semanales por extorsión a cuatro bandas delictivas.
