El acecho de un nuevo cobro de extorsión se extiende hasta las empresas que operan en la Central Metropolitana de Buses, las que hace dos semanas recibieron amenazas de una supuesta nueva banda que busca cobrar el impuesto de guerra.
Motoristas y ayudantes de algunas empresas de la terminal explicaron a LA PRENSA que el modus operandi fue el mismo utilizado con Catisa y Tupsa: dejaron un celular, por el que posteriormente se comunicaron los extorsionadores.
“A las horas después de dejar el celular comenzaron a llamar, pero nadie quería responder. Al día siguiente, un compañero respondió y le dijeron que era para cobrar el impuesto”, testificó un chofer.
Los conductores dicen que aunque tienen miedo de que haya un ataque debido a que los propietarios de las empresas no han negociado con los malhechores, deben trabajar para llevar el sustento a sus hogares.
Catisa, Tupsa y Trasul todavía no reanudan operaciones y ayer cumplieron más de cuatro días de paro debido al cobro de extorsión.
A ellas se unieron Cotasyl Express, los Yoreños y Alejandra Express, con sede en El Progreso.
La suspensión del servicio dejó a cientos de pasajeros varados y sin poder movilizarse desde Yoro hacia San Pedro Sula, que es la ruta que cubren estas empresas.
Trascendió que socios de Catisa y Tupsa analizan cerrar la central, ubicada en la avenida Júnior de San Pedro Sula, y hasta el momento los trabajadores no saben cuándo reanudarán labores. “Nos estamos reuniendo, pero ver cómo vamos a quedar, pero no hay nada definido”, manifestó uno de los colaboradores de Catisa.
Investigaciones
Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) señalaron que las líneas de investigación en torno a este caso continúan su curso, al tiempo que consideraron que los arrestos y decomisos ejecutados el martes en El Progreso pueden llevar a más capturas de vinculados en las próximas horas. Indicaron que aunque la institución está sin presupuesto desde enero, los equipos se encuentran trabajando en las denuncias que reciben
.Representantes y dirigentes del transporte hicieron un llamado al Gobierno para que nombre las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestres (IHTT) y, además, exigen que las unidades de traslado de pasajeros tengan presencia de policiales y millares.