Tegucigalpa, Honduras.
Los diputados se aprestan a aprobar la próxima semana en su tercer debate los últimos artículos de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, que, entre otras cosas, limita a tres la propiedad y portación de estos artefactos, restringe la venta de municiones y aumenta a 21 años la edad mínima para adquirir un revólver o fusil.
Después del receso de medio año, los parlamentarios están convocados el martes y miércoles de la próxima semana en la ciudad de Gracias, Lempira, para reanudar el periodo ordinario de sesiones de la primera legislatura, en la que se incluye continuar con la aprobación de esta importante legislación, así como la Ley de Datos Personales y la Ley Nacional de Ciberseguridad.
“Es necesario aprobar cuanto antes la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, ya que la misma permitirá garantizar un mejor control y registros de los artefactos de fuego, que son un factor determinante para la alta incidencia de muertes violentas en el país y dan una ventaja a los fascinerosos que las utilizan ilegalmente para amedrentar y cometer asesinatos”, dijo Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional.
Los diputados se aprestan a aprobar la próxima semana en su tercer debate los últimos artículos de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, que, entre otras cosas, limita a tres la propiedad y portación de estos artefactos, restringe la venta de municiones y aumenta a 21 años la edad mínima para adquirir un revólver o fusil.
Después del receso de medio año, los parlamentarios están convocados el martes y miércoles de la próxima semana en la ciudad de Gracias, Lempira, para reanudar el periodo ordinario de sesiones de la primera legislatura, en la que se incluye continuar con la aprobación de esta importante legislación, así como la Ley de Datos Personales y la Ley Nacional de Ciberseguridad.
“Es necesario aprobar cuanto antes la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, ya que la misma permitirá garantizar un mejor control y registros de los artefactos de fuego, que son un factor determinante para la alta incidencia de muertes violentas en el país y dan una ventaja a los fascinerosos que las utilizan ilegalmente para amedrentar y cometer asesinatos”, dijo Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional.
Edad
Tomás Zambrano, secretario del Legislativo y presidente de la Comisión de Seguridad, destacó que la normativa aumenta de 18 años a 21 años la edad mínima para comprar un arma en el país y reduce de cinco a tres la cantidad máxima de estos pertrechos de fuego en manos de una persona.
“Los que ya tienen cinco armas, que es lo máximo que estipula la ley vigente, sigue así sin cambios solo para esas personas, y la reducción es solo para los nuevos portadores”, explicó Zambrano.
Tiempo de entrega
Un elemento importante dentro del nuevo marco jurídico es que se establece un plazo de cinco días desde el trámite de compra hasta la entrega del arma, con el fin de que una persona en un ataque de ira o celos pretenda atentar contra otra.
“Van a pasar cinco días entre el momento en que se compra una arma hasta el momento que se entrega en La Armería. A esto se le llama como tiempo de enfriamiento para evitar que alguien en un momento de cólera use el revólver para atacar o atentar contra otra persona”, detalló el legislador. Entre otras cosas más, la nueva normativa menciona que los permisos de portación se entregará en el mismo momento que se compra el artefacto, ya que actualmente se adquiere el revólver y la gente tiene que ir a otro lado a solicitar el permiso de portación.
Con esta nueva legislación se incrementan los requisitos para poder adquirir uno de estos pertrechos de fuego, pues de cinco que hay actualmente, pasan a trece las condiciones legales para poseer uno de estos aparatos, entre ellos, la presentación de un análisis psicológico del comprador.
Entre otras disposiciones más, la Ley de Portación de Armas contiene que en lo sucesivo las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás operadores de justicia deberán inventariar todo su armamento para evitar la pérdida y tráfico de las mismas a grupos criminales. Además, en el caso de las armas decomisadas en operativos se procederá a registrar su huella para que quede información en caso de que se hayan usado para un delito y luego se destruirán.
