Auto de formal procesamiento dictó la jueza natural Reina Hércules Rosa en contra del exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.
La audiencia comenzó a las 8:00 am y terminó al filo de las 10:00 pm. Los apoderados legales de Bonilla presentaron un incidente de nulidad que fue declarado “sin lugar” por la jueza natural.
Bonilla sigue con cuatro medidas cautelares que incluyen arresto domiciliario y suspensión del cargo. Tampoco puede salir del país ni comunicarse con una magistrada y una juez con jurisdicción nacional, actualmente procesadas por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
El exconsejero, quien también envió ayer su renuncia al Congreso Nacional, es acusado por abuso de autoridad y tráfico de influencias al supuestamente solicitar a jueces que dejasen en libertad a unos familiares.
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Entre las pruebas que presentó el Ministerio Público en la audiencia se detallan el dictamen de vaciados y el análisis de vinculación telefónica entre los acusados, obtenido a través de la intervención de sus celulares.
Además, hay un informe en torno a audios y transcripción de datos que resume la fiscalización telefónica, así como un informe de pesquisas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, entre otros.
Expediente
Según la acusación, en una operación realizada en enero de 2014 por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) se capturó a Carlos José Fúnez Cáceres, Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadín Bonilla, estos últimos primos del exfuncionario.
Los detenidos fueron acusados por lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones comerciales.
El exconsejero Bonilla habría presionado o solicitado favores para beneficiar a sus parientes, de acuerdo con la documentación.
Por eso, el requerimiento también amplía por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Delmis Elizabet López, y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aún debe determinar si autoriza el antejuicio para las dos funcionarias judiciales.