Una inspección judicial realizada en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) no encontró indicios de que Angie Peña hubiera permanecido detenida ilegalmente en esa dependencia, informó este viernes el abogado Ivis Discua, luego de la diligencia ordenada tras un recurso de hábeas corpus presentado por Walter Peña, padre de la joven desaparecida.
La inspección fue practicada por una jueza ejecutora, designada por un juzgado que admitió el recurso, luego de que la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, manifestara públicamente que Angie Peña habría sido puesta a disposición de agentes de la Atic.
Discua explicó que el objetivo de la diligencia era verificar si existía algún elemento que respaldara esas afirmaciones.
“Hoy vino a hacer una inspección para constatar efectivamente lo manifestado por la doctora Yulisa Villanueva, si se encontraba Angie Peña aquí detenida ilegalmente o si había algún indicio de alguna circunstancia”, expresó.
Tras la revisión, señaló que no se encontró evidencia que confirmara esa versión.
“Ya hicieron la inspección y obviamente no pudo determinar que ella estaba en este lugar”, indicó.
Ministerio Público citará a Julissa Villanueva
Más temprano, el Ministerio Público (MP) informó que citará a la exviceministra Julissa Villanueva para que rinda una declaración formal y entregue las pruebas que asegura tener sobre la desaparición de Angie Peña, después de denunciar públicamente presuntas irregularidades en la investigación y señalar que miembros de la Atic habrían obstaculizado el proceso.
El portavoz del MP, Yuri Mora, rechazó las declaraciones de Villanueva sobre una supuesta intervención de la Atic y negó que esa dependencia haya dirigido la investigación del caso.
Asimismo, explicó que la presencia de un juez ejecutor en las instalaciones de la Atic respondió únicamente al trámite del recurso de hábeas corpus promovido por el padre de Angie Peña y no a una intervención de la agencia.
Según Mora, la investigación ha sido conducida desde el inicio por fiscales del Ministerio Público, primero a través de la Fiscalía Especial Contra el Delito de Trata de Personas y posteriormente por una unidad antisecuestro, con apoyo de personal especializado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
“El Ministerio Público está obligado a llamarla”
Consultado sobre las declaraciones de Villanueva, Discua consideró que corresponde al Ministerio Público incorporarlas formalmente al expediente mediante una declaración.
“Ella tendrá que ser llamada por el Ministerio Público para que manifieste lo que dijo públicamente y que se constate en el expediente”, afirmó.
Al ser consultado sobre si esa actuación es obligatoria, respondió: “Por supuesto, está obligado de oficio a llamar a declarar a Yulisa”.
El abogado también señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la directora de Fiscales, la investigación continúa en desarrollo.
“Todavía sigue el proceso de investigación. Es un informe bien completo e incluso hay gente que está sometida a la cuestión jurisdiccional en este momento”, expresó.
Por su parte, Yuri Mora reiteró que las diligencias para esclarecer la desaparición de Angie Peña permanecen activas y recordó que, en el marco de las investigaciones, el Ministerio Público y la DPI han desarticulado redes de trata de personas en Islas de la Bahía, particularmente en Roatán, donde varias personas han sido llevadas ante la justicia. Sin embargo, enfatizó que el caso de Angie Peña continúa sin resolverse.
Un caso que cambió de rumbo
El caso de Angie Peña se remonta al 1 de enero de 2022, cuando la joven desapareció mientras vacacionaba en Roatán, Islas de la Bahía. Ese día fue vista por última vez a bordo de una moto acuática frente a la playa de West Bay.
En las primeras etapas de la investigación, las autoridades plantearon como principal hipótesis un accidente marítimo y señalaron que las corrientes podrían haberla desplazado hacia aguas cercanas a Belice. No obstante, la familia de Angie Peña cuestionó esa versión desde el inicio y señaló inconsistencias en torno al hallazgo posterior de la moto acuática y el chaleco salvavidas.
Con el avance de las diligencias, la investigación tomó un nuevo rumbo y las autoridades comenzaron a indagar una posible red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaría en la isla.
Más de cuatro años después de su desaparición, el caso de Angie Peña continúa siendo uno de los expedientes más complejos y de mayor impacto mediático en Honduras, marcado por múltiples líneas de investigación y la búsqueda de respuestas sobre su paradero.
