Cossette López exige aclarar operativos antibombas tras supuestas alertas

Cossette López, consejera del CNE, pidió un informe sobre operativos militares y policiales tras las recientes alertas en el ente electoral.

Cossette López exige aclarar operativos antibombas tras supuestas alertas
Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitó un informe oficial a Ferid Gabrie, jefe de Seguridad Interna del organismo, sobre los recientes operativos policiales y militares desplegados en sus instalaciones luego de dos supuestas alertas de bomba.

López manifestó su “profunda preocupación” por la presencia irregular de agentes en las sedes del CNE, quienes, según denuncias de empleados, han generado un ambiente de tensión y temor.

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“El acceso debe estar regulado por la División de Recursos Humanos y la seguridad interna del CNE, no por terceros”, advirtió López en un comunicado.

El pasado 22 de septiembre, un equipo especializado en explosivos acudió a la sede del CNE en Tegucigalpa tras recibir una llamada anónima sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo.

Agentes inspeccionaron oficinas, cubículos y el estacionamiento del edificio. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han confirmado el hallazgo de ningún objeto sospechoso.

La falta de transparencia en torno a las medidas adoptadas preocupa a las autoridades del CNE, que advierten sobre la afectación directa al clima laboral y a la independencia institucional del ente electoral.

Funcionarios del organismo señalaron que la actual intervención de fuerzas externas se ha realizado sin justificación clara y sin comunicar información ni siquiera a la propia seguridad interna. Algunos trabajadores expresaron temor de ser víctimas de secuestro por el clima de incertidumbre que generan los operativos.

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Según López, este martes se reportó la presencia de unidades caninas en el centro electoral ubicado en el INFOP, mientras que en la sede de El Prado empleados denunciaron que militares les consultaban a qué partido político pertenecen antes de permitirles ingresar.

“Estos procedimientos resultan impropios y constituyen una violación de derechos”, recalcó la consejera, quien además instruyó la elaboración de un informe detallado sobre las causas, responsables y objetivos de las operaciones.

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Redacción La Prensa
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