El pleno del Congreso Nacional recibirá formalmente entre este martes y miércoles la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y a la Ley Procesal Electoral, un proyecto impulsado desde la bancada del Partido Nacional que propone cambios sustanciales en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), la ciudadanización de las mesas electorales y la administración interna de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
La propuesta legal, que será turnada al CNE para la emisión de una opinión técnica no vinculante en un plazo estimado de 30 días, busca eliminar las trabas operativas dentro del órgano colegiado y garantizar la fluidez en la toma de decisiones institucionales antes y durante la contienda en las urnas.
Dentro de los aspectos de fondo de la iniciativa destaca la eliminación de la unanimidad para la validez de las sesiones y resoluciones, estableciendo que el cuórum legal pueda constituirse válidamente con dos de los tres consejeros propietarios.
"Ahí se establece, entre otras cosas, que para que haya cuórum no tienen que estar los tres; el cuórum puede ser perfectamente con dos. Que para tomar todas las resoluciones no tiene que ser por unanimidad, puede ser por mayoría simple, es decir, dos", dijo Antonio Rivera, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.
El proyecto de ley introduce, además, un régimen disciplinario estricto para frenar el ausentismo o los boicots de los funcionarios al cronograma electoral, fijando sanciones administrativas y penales directas para quienes entorpezcan el normal desarrollo de los comicios.
De igual forma, la iniciativa plantea un giro decisivo en la gestión tecnológica de los datos al estipular que el sistema Trep ya no sea contratado con empresas privadas extranjeras, sino que sea diseñado, ejecutado y resguardado directamente por el CNE mediante el fortalecimiento de sus unidades técnicas e informáticas.
"Ahí se establecen sanciones muy fuertes para los consejeros que no quieran ir a una sesión o se retiren de la misma para obstaculizar el cronograma electoral", explicó Rivera.
Respecto a la integración de las 18,500 Juntas Receptoras de Votos (JRV) para los comicios generales fijados para el último domingo de noviembre, el dictamen propone una ciudadanización parcial para restarle control exclusivo a las estructuras partidarias.
Bajo este esquema, las tres fuerzas políticas con mayor carga electoral en el último proceso conservarán la presidencia y dos vocalías de manera rotativa, mientras que los cargos de secretario y escrutador serán asignados mediante sorteo público entre ciudadanos sin militancia política del propio centro de votación.
En cuanto al escrutinio especial desarrollado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) tras las elecciones para solventar actas con inconsistencias, la propuesta prohíbe la presencia de activistas o representantes de institutos políticos, delegando el conteo de votos exclusivamente a miembros de la sociedad civil.
Frente a las críticas de sectores que catalogan las modificaciones como reformas cosméticas al descartar la segunda vuelta o balotaje, la representación de la comisión técnica defendió el alcance transformador de la iniciativa.
"El hecho de que ya ningún consejero pueda boicotear el cronograma electoral, el hecho de que el secretario y el escrutador no sean de partidos políticos, el hecho de que en el escrutinio especial no participe ningún partido político y que el Trep ya no lo maneje una compañía extranjera, para mí son reformas", aseveró Rivera.
¿Segunda vuelta?
En el tema del balotaje, el parlamentario ratificó que no existe consenso ni ambiente legislativo para incorporar la segunda vuelta en la legislación hondureña, argumentando que, en un sistema tripartito como el nacional, la figura podría terminar distorsionando la voluntad popular al otorgar un poder decisorio desproporcionado al tercer lugar.
Asimismo, el presidente de la comisión puntualizó que el nuevo paquete recoge aspectos de proyectos previos presentados por exconsejeros electorales, confirmando que ambas iniciativas se tramitarán de forma paralela ante el CNE para someter el dictamen final a votación del pleno en un plazo aproximado de dos meses.
"Si hay 86 diputados aquí que quieren segunda vuelta, va a haber segunda vuelta. Si no hay 86 diputados, no se va a aplicar", concluyó el titular de la Comisión de Asuntos Electorales.
