Siete años después de haber sido absuelta por lavado de activos en el caso del desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y tras la repetición del juicio, Susette Atuán Rojas fue nuevamente declarada inocente por el Tribunal de Sentencia.
La abogada de profesión fue eximida de toda culpa este 10 de noviembre por la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que resolvió absolverla de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
Luego de deliberar sobre los alegatos expuestos durante las fases inicial e intermedia del juicio, el tribunal, por unanimidad de votos, falló absolver a Susette Atuán Rojas del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, por insuficiencia probatoria.
La jueza que presidió la Sala I manifestó: “Como consecuencia del fallo resolutorio es procedente dejar sin ningún valor ni efecto la medida cautelar impuesta a la misma por esta causa, debiendo para ello librarse los oficios correspondientes a las instituciones de migración y extranjería”.
El tribunal también estableció que deberá extenderse la carta de libertad provisional mientras la sentencia no adquiera el carácter de firme, es decir, hasta que no exista un recurso pendiente de la parte acusadora.
“Se me hizo un juicio paralelo, los medios de comunicación me empezaron a juzgar, me empezaron a condenar, el pueblo hondureño igual, y yo solo fui una víctima más por ser familiar de Mario Zelaya y José Zelaya; ya me condenaron”, expresó Susette al salir del juicio.
Agregó: “Soy inocente. Fui absuelta nuevamente por un tribunal distinto al que me juzgó la primera vez”, dijo en referencia al primer juicio, desarrollado en esa misma causa, cuyo juzgado la absolvió el 18 de junio de 2018.
Susette Atuán Rojas es prima del exdirector del IHSS, Mario Zelaya —preso por el caso de corrupción en esa institución— y hermana de Michelle Rojas, esposa del exjefe de compras del IHSS, José Zelaya, quien continúa prófugo de la justicia.
En su defensa, alegó: “Susette Atuán Rojas es responsable únicamente por los actos que yo realizo, yo no soy responsable por los actos de nadie más, aunque sean familiares míos de diferentes grados”.
La ahora absuelta laboró durante cinco años en la Gerencia de Recursos Humanos del IHSS, durante la administración de Mario Zelaya, cuando se produjo el desfalco de más de siete mil millones de lempiras.
Atuán Rojas lamentó el actuar del Ministerio Público, al que señaló de haber mostrado falencias durante una década, limitándose —según dijo— a acusarla por su vínculo familiar con Mario Zelaya, sin profundizar en la investigación.
El MP la acusó de haberse beneficiado con más de 450,000 dólares mediante empresas de fachada y contratos fraudulentos, entre ellas Suministros Médicos (Sumimed), entre los años 2010 y 2014.
“Al final se comprobó que no había recibido ese dinero. En este caso se comprobó que el dinero que yo recibí fue una deuda que mi excuñado José Zelaya mantuvo con mi difunto esposo desde el año 2006”, argumentó Susette.
También reveló que el Ministerio Público le implantó una prueba falsa en el primer juicio y que, posteriormente, reconocieron que se trató de un error involuntario del perito que representaba al ente acusador del Estado.
Luego de deliberar sobre los alegatos expuestos durante las fases inicial e intermedia del juicio, el tribunal, por unanimidad de votos, falló absolver a Susette Atuán Rojas del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, por insuficiencia probatoria.
La jueza que presidió la Sala I manifestó: “Como consecuencia del fallo resolutorio es procedente dejar sin ningún valor ni efecto la medida cautelar impuesta a la misma por esta causa, debiendo para ello librarse los oficios correspondientes a las instituciones de migración y extranjería”.
El tribunal también estableció que deberá extenderse la carta de libertad provisional mientras la sentencia no adquiera el carácter de firme, es decir, hasta que no exista un recurso pendiente de la parte acusadora.
“Se me hizo un juicio paralelo, los medios de comunicación me empezaron a juzgar, me empezaron a condenar, el pueblo hondureño igual, y yo solo fui una víctima más por ser familiar de Mario Zelaya y José Zelaya; ya me condenaron”, expresó Susette al salir del juicio.
Agregó: “Soy inocente. Fui absuelta nuevamente por un tribunal distinto al que me juzgó la primera vez”, dijo en referencia al primer juicio, desarrollado en esa misma causa, cuyo juzgado la absolvió el 18 de junio de 2018.
El Ministerio Público le implantó una prueba falsa
Susette Atuán Rojas es prima del exdirector del IHSS, Mario Zelaya —preso por el caso de corrupción en esa institución— y hermana de Michelle Rojas, esposa del exjefe de compras del IHSS, José Zelaya, quien continúa prófugo de la justicia.
En su defensa, alegó: “Susette Atuán Rojas es responsable únicamente por los actos que yo realizo, yo no soy responsable por los actos de nadie más, aunque sean familiares míos de diferentes grados”.
La ahora absuelta laboró durante cinco años en la Gerencia de Recursos Humanos del IHSS, durante la administración de Mario Zelaya, cuando se produjo el desfalco de más de siete mil millones de lempiras.
Atuán Rojas lamentó el actuar del Ministerio Público, al que señaló de haber mostrado falencias durante una década, limitándose —según dijo— a acusarla por su vínculo familiar con Mario Zelaya, sin profundizar en la investigación.
El MP la acusó de haberse beneficiado con más de 450,000 dólares mediante empresas de fachada y contratos fraudulentos, entre ellas Suministros Médicos (Sumimed), entre los años 2010 y 2014.
“Al final se comprobó que no había recibido ese dinero. En este caso se comprobó que el dinero que yo recibí fue una deuda que mi excuñado José Zelaya mantuvo con mi difunto esposo desde el año 2006”, argumentó Susette.
También reveló que el Ministerio Público le implantó una prueba falsa en el primer juicio y que, posteriormente, reconocieron que se trató de un error involuntario del perito que representaba al ente acusador del Estado.
