Después de ocho meses de haberse emitido la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional en la que declaró ha lugar la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo PCM 052-2019, que dio vida al polémico y cuestionado Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), esta cobró vigor.
El criticado decreto fue emitido en Consejo de Ministros por el expresidente Juan Orlando Hernández en su segundo mandato. En el mismo se le asignaron múltiples facultades a las Fuerzas Armadas de Honduras, en las que podían estructurar, ejecutar y administrar un Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras, adscrito a la Secretaría de Defensa.
Consistió en la creación de una Dirección de Desarrollo Agrícola (C10) en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Las motivaciones para pedir se declarase inconstitucional el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras se basaron en que era contrario al ordenamiento legal vigente y a la Constitución misma, ya que el proyecto no cumplía una finalidad razonable y admisible.
Según las partes recurrentes, el PCM 052-2019 vulneraba al artículo 274, párrafo primero, de la Constitución de la República, en el que se evidenciaba una usurpación inconstitucional de funciones por parte de las FFAA.
Las Fuerzas Armadas podían disponer de cuatro mil millones de lempiras; para esto debía crearse una estructura organizativa, legal y presupuestaria.
Las Fuerzas Armadas utilizaron los fondos en insumos para cultivo de papa (4%), granos básicos (8%), ganado para doble propósito (8%), en gallinas ponedoras (9%), compra de cerdos para engorde (8%), cultivo de cardamomo (1%), camarones (2%) y en producción y comercialización de miel (1%).
