Tegucigalpa, Honduras. El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa, Iroshka Elvir, actual diputada, negaron las versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que Estados Unidos había cancelado sus visas.
Las publicaciones comenzaron a circular luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara una revocación masiva de visas contra funcionarios, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La medida estadounidense, relacionada con señalamientos de corrupción y actos que, según las autoridades de ese país, socavan la democracia, generó un fuerte impacto mediático en la región y dio paso a especulaciones en Honduras, donde comenzaron a difundirse en redes sociales listados no verificados sobre supuestas cancelaciones de visas a políticos, exfuncionarios y figuras públicas, entre ellos Salvador Nasralla e Iroshka Elvir.
Ante la propagación de las publicaciones, Nasralla rechazó los señalamientos y se refirió a los criterios que, según su declaración, motivan este tipo de medidas de Estados Unidos. “Las visas se las quitan a los lavadores de dinero, a los narcos y a los que aparecen en la lista Engel”, publicó.
Por su parte, Iroshka Elvir negó de manera categórica que su visa estadounidense haya sido suspendida. La diputada afirmó que no ha recibido ninguna notificación diplomática y aseguró que su documento de viaje continúa vigente: “Sigo teniendo la visa”.
Revocan visados de altos funcionarios
El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump revocó este lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusó de corrupción y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”.
En Bolivia, el Departamento de Estado incluyó en una lista a 13 funcionarios o exfuncionarios y un empresario, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
Las restricciones también alcanzaron a dos ciudadanos colombianos: el empresario Euclides Antonio Torres y la senadora Martha Isabel Peralta, presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), integrante de la coalición Pacto Histórico. En Perú fue sancionado el juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez, mientras que en Ecuador las medidas alcanzaron a dos ciudadanos y sus familiares, aunque el comunicado no especificó sus nombres.
Según el Departamento de Estado, las acciones contra Mariaca “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo” y concluyó: “Los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos”.
