Como consecuencia de la aprobación de un decreto legislativo que dicta reservación y secretividad en la adquisición de vacunas contra el covid-19 por Honduras, la máxima autoridad de Salud, la ministra Alba Consuelo Flores, expresó en las últimas horas que esa medida corresponde a obligaciones con las firmas vendedoras de los fármacos.
“No son la Secretaría de Salud y el Gobierno que piden la secretividad del contrato, es la industria farmacéutica la que exige para negociar, el contrato debe quedar en reserva la información”, explicó Flores.
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Flores refirió que como consecuencia de limitaciones en el procedimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), autoridades de Salud y gubernamentales optaron por buscar la promulgación del decreto a través del legislativo nacional. Esto se hizo, dijo Flores, “para que el procedimiento en todo caso sea legal”.
A esto, Flores extendió que Salud y Gobierno no se niegan a la exposición de los contratos de compra al público nacional. “Lamentablemente tenemos que ajustarnos a las exigencias, estamos en una encrucijada dónde o cumplimos las exigencias de ellos o no tenemos vacunas disponibles en el país”, amplió la funcionaria.
Dijo que la información no menguará, sino que se limitará a exponer las cifras de dosis adquiridas, pero no los precios, propiedad intelectual, componentes de la vacuna, datos exclusivos de la farmaceútica, metedología y otros procesos.
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La reserva, se informó, corresponde a un período de 10 años. Salud ha intentado explicar que corresponde a la incertidumbre generada en torno al futuro pandémico en el país y a nivel mundial. Honduras, en la actualidad, desarrolla procesos de inmunización nacional, en los que se espera inocular a la población durante los próximos meses.
