Luis Rubí, fiscal general del Estado, le respondió ayer a Humberto Palacios Moya, director de la Oficina de Bienes Incautados (Oabi), que no tiene por qué darle explicaciones sobre los fondos asignados al Ministerio Público el año pasado.
En una carta, Rubí le dice a Palacios Moya que su análisis sobre la liquidación de fondos que tiene que presentar la Fiscalía es de “carácter superficial y malintencionado”.
Rubí afirma: “Gustosamente podría darles un informe al presidente Porfirio Lobo, a la Corte Suprema de Justicia, secretarios de Estado, a cualquier miembro del Consejo Consultivo de la Oabi, incluso a un organismo contralor del Estado, pero no a un funcionario que carece de atribuciones y poder de tipo contralor”.
Contexto
La Oabi le exige al Ministerio Público que justifique en qué utilizó 13.9 millones de lempiras extrapresupuestarios que le entregó esta oficina en 2012.
En octubre de 2012, la Oabi le pasó al Ministerio Público 441 mil dólares, equivalentes a 8.7 millones de lempiras. El 19 de diciembre de 2012, la misma Oabi hizo otro desembolso a la Fiscalía por $262,425, los cuales, según la tasa de cambio en ese momento, correspondieron a 5.2 millones de lempiras.
Pago de alquiler
Luis Rubí envió el 13 de diciembre de 2012 a la Oabi, la liquidación de gastos ejecutados en 2012 de la primera asignación de fondos, o sea el detalle del uso que le dio la Fiscalía a los 8.7 millones de lempiras que le dio la Oabi en octubre de 2012.
El documento muestra que se usaron 2.5 millones en la compra de 130 armas Beretta y que se utilizaron más de 11 millones en el pago de arrendamiento del edificio Torre Altamira, de enero a diciembre de 2012.
En este inmueble están la Fiscalía Especial de Privación Definitiva del Dominio, Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
“Yo debo cuidar los bienes”
Humberto Palacios Moya, director de la Oabi, explicó que el Consejo Consultivo de la oficina por consenso definió que el Fiscal General del Estado tiene la obligación de informar sobre la liquidación de gastos de los recursos que se le asignan.
Agregó que la petición se debe más que todo por el alquiler de un edificio adonde funcionan las fiscalías que luchan contra el crimen organizado y narcotráfico, el mismo que habría sido pagado con los fondos de la Oabi, cuando la ley prohíbe invertir esos recursos en gasto corriente.
“Él (fiscal Rubí) se molesta diciendo que yo no soy ente contralor.
Soy ente contralor hasta cuando la ley me dice que yo debo cuidar de los bienes que tengo aquí adentro (Oabi), y si yo distribuyo una cantidad de dinero, yo quiero saber en qué se pagaron, qué se compró y acreditarme eso para evitar que las transacciones no sean oscuras”, dijo Moya.
“Es posible que ahora el hombre piense que yo lo estoy persiguiendo; no, para nada, yo lo único que quiero es que se me digan en qué se gastan los fondos y nada más”, subrayó Palacios Moya.
