El Ministerio Público tendrá que justificar en qué utilizó 13.9 millones de lempiras extrapresupuestarios que recibió en 2012 de parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
Según la Oabi, la liquidación de gastos que envió la Fiscalía sobre estos fondos presenta “debilidades administrativas”.
El año pasado la Oabi le asignó, en dos desembolsos, exactamente L13,954,392.93 al Ministerio Público, en cumplimiento del artículo 78 de la Ley Sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito.
La mayoría de los recursos fueron entregados en dólares.
La Oabi le dio en octubre de 2012 al Ministerio Público 441 mil dólares ($441,163.65), equivalentes a L8.7 millones de lempiras, para operadores y además le entregó L7,314.84, mientras que el 19 de diciembre de 2012, la misma Oabi hizo otro desembolso a la Fiscalía por 262 mil dólares ($262,425), los cuales según la tasa de cambio en ese momento correspondieron a L5.2 millones. (L5,231,731.04).
Es responsabilidad de cada institución que recibe fondos extrapresupuestarios de la Oabi, presentar una liquidación de gastos en la que demuestre que los recursos fueron usados adecuadamente.
Sobre este tema, LA PRENSA buscó la reacción del Fiscal General Luis Rubí, pero su asistente Marcelino Banegas dijo que se encontraba en una reunión.
Se le mencionó el tema a Banegas y respondió que daría el mensaje a Rubí; sin embargo, no contestaron ni devolvieron las llamadas.
Casi todo se fue en alquiler
Al depositar en el Banco Central de Honduras estos fondos que recibió de la Oabi, el Ministerio Público detalló en el depósito que eran para apoyar el funcionamiento operativo de la Fiscalía Especial de Privación Definitiva del Dominio, Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
Pero el Fiscal General de la República, envió el 13 de diciembre de 2012 a la Oabi, mediante oficio FGR-319-2012, la liquidación de gastos ejecutados en 2012 de la primera asignación de fondos, o sea el detalle del uso que le dio la Fiscalía a los 441 mil dólares y a los L7,314.84, que sumaban en lempiras 8,722,661.89 que le dio la Oabi en octubre de 2012.
El documento muestra que se usaron L2.5 millones (L2,565,009.83) en la compra de 130 armas Beretta y que se utilizó más de L11 millones (L11,056,167.20) en el pago de arrendamiento del edificio Torre Altamira, de enero a diciembre de 2012. En este inmueble están la Fiscalía Especial de Privación Definitiva del Dominio, Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
En varios de los recibos se dice que también en el edificio está la Oabi, lo cual no es correcto, pues esta institución tiene su oficina en otro lugar.
La adquisición de armas y el pago de arrendamiento suman un total de L13.6 millones (L13,621,177.03), o sea que excedió la cantidad de fondos que la Oabi le asignó a la Fiscalía, la cual debido a esto, agregó al final del detalle de la liquidación de gastos que la Oabi tenía un “saldo pendiente a desembolsar” de L4.8 millones (L4,898,515.14).
Observaciones
A esta liquidación de gastos que presentó el Ministerio Público, la Oabi hizo varias observaciones que dio a conocer mediante el oficio OABI/DE-67-2013, enviado el 7 de febrero de este año, al Fiscal General de la República, quien envió el detalle de gastos.
Entre las observaciones se menciona que varias de las facturas justificantes fueron pagadas en meses anteriores a la fecha en que la Oabi efectuó la asignación de ingresos extrapresupuestarios.
Además, el uso de fondos donados por la Oabi para pagar arrendamiento contrapone lo dicho por la Ley de Contratación del Estado en su artículo 27, dice el documento, en el que se agregó que en algunas de las órdenes de pago por alquiler del edificio se menciona que la Oabi también funciona ahí, lo cual no es cierto. Y finalmente, en el oficio se le explica a Rubí que en la liquidación de gastos que envió el Ministerio Público dijo que la Oabi tenía un saldo mayor a cuatro millones de lempiras pendiente a desembolsarles, lo cual “es una situación absolutamente sin fundamento”.
Segunda liquidación
El 7 de enero de este año, el Fiscal General envió mediante oficio FGR-003-01-2013, el detalle de la segunda liquidación de gastos correspondiente a 2012, esta vez para especificar en qué usó el Ministerio Público los 5.2 millones de lempiras que la Oabi les entregó en diciembre de 2012.
En el informe se observa que la Fiscalía indica que de los L5.2 millones, se “autodescontaron” los L4.8 millones (L4,898,515.14), que según ellos, la Oabi les había quedado pendiente de desembolsar, por lo que solo le “sobró” a la Fiscalía del dinero recibido L333 mil (L333,215.90), los cuales usaron para el arrendamiento de vehículos blindados, en lo cual volvió a excederse de la cantidad de fondos que la Oabi le asignó, pues gastó L374 mil (374,708.80).
El pasado lunes, la Oabi envió una carta a Rubí en la que remarca que se observa nuevamente que los documentos justificantes de la liquidación presentan las mismas “debilidades administrativas” ya apuntadas al informe anterior e invita a que estos aspectos sean analizados de nuevo por los entes contralores del Estado, tanto en la Fiscalía como en la Oabi.
Debilidades, según la oabi, en liquidación de gastos del ministerio público
Pasado Las facturas justificantes fueron pagadas en meses anteriores a la fecha en que la Oabi efectuó la asignación de ingresos extrapresupuestarios al Ministerio Público. La Ley Sobre Privación de Dominio ya establece su destinación especifica a “las unidades que directamente luchan contra la criminalidad organizada, adscritas al Ministerio Publico”. Inconsistencia que demuestra egresos de la Fiscalía con otras disponibilidades.
Ley En las liquidaciones de gastos se observa que el Ministerio Público cubre erogaciones de un contrato de arrendamiento con los ingresos extrapresupuestarios que la Oabi les dio y no con el presupuesto ordinario asignado anualmente al Ministerio Público, lo que se contrapone a la Ley de Contratación del Estado sobre la asignación presupuestaria que debe constar en el expediente de contratación, para cubrir la obligaciones emanadas de los contratos suscritos.
Error Imaginamos que por un Lapsus calami (error o tropiezo involuntario e inconsciente al escribir) el Ministerio Público justifica pagos de arrendamiento de un local (espacio) para la Oabi en el edificio en que se encuentran las oficinas de la Fiscalía, lo cual es incorrecto, pues la Oabi tiene su propio local y es una entidad dependiente del Poder Ejecutivo. Lo anterior se apunta con el fin de evitar prejuicios futuros que representen compromisos administrativos.
Fondos La Fiscalía agregó en sus liquidaciones de gastos que hay “saldo pendiente por desembolsar de la Oabi”, situación sin fundamento porque esos valores y pagos son de desembolsos ya hechos y ninguna ley compromete a la Oabi a subvencionar compromisos de la Fiscalía, pues la Ley solo dice que de los dineros en comiso se dé un porcentaje para “unidades que directamente luchan contra el crimen organizado, adscritas al Ministerio Público”.
