Honduras dio un paso clave en la protección de la niñez con la implementación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, un mecanismo legal que convierte el incumplimiento de la pensión en una condición con consecuencias jurídicas y administrativas reales.
La herramienta tiene sustento en el Decreto Legislativo No. 51-2016, de la denominada Ley Especial para una Maternidad y Partenidad Responsable, que incorpora el registro dentro del sistema legal hondureño como parte de las reformas orientadas a garantizar la responsabilidad parental.
A este marco se suma el reglamento emitido por la Corte Suprema de Justicia y vigente desde mayo de 2024, que define su operatividad.
El sistema no es automático. La inscripción procede únicamente por orden judicial.
Según el reglamento, un padre o madre puede ser incorporado al registro cuando incurre en mora por tres cuotas consecutivas o cinco alternas de pensión alimentaria, activando así el procedimiento ante los juzgados de familia.
El proceso está diseñado para ser ágil. El Artículo 29 establece que la solicitud puede realizarse de forma verbal o escrita por la parte afectada, lo que permite iniciar la inscripción sin trámites excesivos ni barreras procesales.
Sanciones
Según la ley
Si una persona acumula tres cuotas consecutivas, o cinco cuotas alternas sin pagar puede ser inscrita por orden judicial. Como consecuencia, no podrá obtener pasaporte, ni renovar o sacar licencia de conducir e incluso quedar fuera de créditos y trámites oficiales.
Una vez inscrita la persona, se activan restricciones que impactan directamente su vida civil y económica. El reglamento establece que distintas instituciones del Estado deben consultar obligatoriamente el registro antes de otorgar servicios.
En ese sentido, el Artículo 13 dispone que no se podrá emitir pasaporte a personas registradas como morosas. De igual forma, el Artículo 14 obliga a verificar el registro previo a la emisión o renovación de licencias de conducir.
Las limitaciones se extienden al ámbito financiero y administrativo. Conforme a los artículos 12 y 15 del reglamento, instituciones públicas y privadas deben consultar el sistema antes de otorgar créditos, permisos o trámites oficiales, cerrando así el acceso a múltiples servicios mientras persista la deuda.
El registro funciona como una base de datos nacional. El Artículo 19 lo define como un sistema electrónico con acceso inmediato, capaz de emitir certificaciones que acrediten si una persona se encuentra o no en condición de morosidad alimentaria.
Además, el Artículo 20 establece que los juzgados de familia son responsables de mantener actualizada la información, garantizando la validez jurídica del registro en todo el territorio nacional.
La normativa también contempla la salida del sistema. La inscripción puede ser cancelada una vez que el deudor paga la totalidad de la obligación o regulariza su situación, previa orden judicial correspondiente.
Más allá de la sanción, el objetivo de la ley es claro: asegurar el derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes a recibir su sustento.
El registro introduce un cambio de fondo en el país, al vincular el cumplimiento de la pensión con el acceso a derechos y servicios, elevando la obligación alimentaria a un nivel de exigencia real dentro del sistema jurídico hondureño.
