Tegucigalpa, Honduras. Las mesas técnicas de trabajo, integradas por diversos sectores de la sociedad civil y con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), formalizarán este lunes la entrega de un paquete integral de reformas a la Ley Electoral ante el Congreso Nacional y el máximo organismo electoral.
La iniciativa surge como respuesta a los atrasos logísticos, operativos y administrativos registrados durante el proceso electoral de 2025, con el objetivo de consolidar un marco normativo que contribuya a la estabilidad técnica y a la gobernabilidad democrática en los próximos comicios.
A las propuestas técnicas formuladas por la sociedad civil se suman otras iniciativas previamente ingresadas a la cámara legislativa, entre ellas el proyecto presentado semanas atrás por el titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, y el introducido por el diputado Flavio Nájera, que plantea modificaciones a más de 70 artículos de la legislación electoral vigente.
“Hay que tener claro que después de lo que aconteció durante el año 2025, para nadie es desconocido que hay diferentes sectores de la sociedad exigían reformas electorales”, manifestó Eduardo Fuentes, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Mejorar el funcionamiento del CNE
El procedimiento inmediato tras la recepción de los documentos consistirá en la depuración, unificación y análisis técnico de las distintas iniciativas presentadas, con el propósito de consolidar un dictamen único fundamentado en criterios de efectividad operativa, logística y administrativa.
Entre los ejes de mayor relevancia del paquete de enmiendas figura la regulación del funcionamiento ordinario del pleno de consejeros del CNE, orientada a establecer mecanismos que permitan garantizar las sesiones del órgano colegiado y evitar que la inasistencia o la falta de quorum de alguno de sus miembros paralice la toma de decisiones institucionales.
De igual manera, la revisión parlamentaria abordará la reestructuración del proceso de escrutinios especiales, con el objetivo de evitar, según los planteamientos de la iniciativa, que el control ejercido por los partidos políticos afecte los plazos legales fijados para la declaratoria oficial de resultados o que la alteración de actas vulnere la voluntad de los electores en las urnas.
“Tiene que ser si efectivamente va a mejorar el funcionamiento del organismo electoral, si efectivamente se van a poder aplicar, porque si no se van a poder aplicar, pues de nada sirve hacer reformas a la ley”, expresó el consejero.
El proceso de socialización y evaluación técnica contará con el asesoramiento y respaldo logístico del CNE para dotar a los diputados de los insumos necesarios. La aprobación definitiva de las modificaciones corresponderá al pleno de los 128 diputados del Congreso Nacional, mediante el voto de una mayoría calificada.
“Garantizar el funcionamiento ordinario del pleno es algo que se tiene que tocar sí o sí, al igual que el tema de escrutinios especiales; la ciudadanía va a ir a votar y se va a respetar los resultados si tenemos instituciones sólidas que se apeguen a la ley, esto da confianza a la ciudadanía”, enfatizó Fuentes.
