San Pedro Sula, Honduras
Una propuesta de reforma a la Ley Electoral plantea incorporar, por primera vez en Honduras, reglas específicas para combatir la desinformación durante los procesos electorales.
La iniciativa fue conocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 23 de julio de 2026 y fue elaborada por exfuncionarios del extinto Tribunal Nacional de Elecciones, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del propio organismo electoral.
En términos sencillos, el proyecto busca darle al CNE nuevas herramientas para actuar cuando un partido político, un precandidato o un candidato difunda información considerada falsa o manipulada durante una campaña electoral.
Si la propuesta se aprueba, la desinformación pasaría a formar parte del catálogo de infracciones electorales.
Eso significa que el organismo electoral podría monitorear las cuentas oficiales de partidos y candidatos, emitir alertas, exigir rectificaciones y aplicar multas que van desde cinco hasta 20 salarios mínimos.
La iniciativa también permitiría al CNE establecer acuerdos de cooperación con empresas propietarias de redes sociales para atender publicaciones con desinformación, encuestas falsas o contenidos de odio difundidos durante el período electoral.
Entre los contenidos que menciona el proyecto aparecen las noticias falsas, las encuestas fabricadas, los mensajes de odio, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial y los llamados deepfakes, es decir, imágenes, videos o audios alterados digitalmente para hacer creer que una persona dijo o hizo algo que nunca ocurrió.
Lo que sí incluye y lo que todavía deja fuera
Aunque la propuesta crea nuevas facultades para el CNE, su alcance no sería general.
Las medidas contempladas estarían dirigidas únicamente a los partidos políticos, precandidatos y candidatos que participan oficialmente en las elecciones.
Eso significa que la propuesta, al menos en su redacción actual, no establece un mecanismo para sancionar a páginas anónimas, usuarios particulares, creadores de contenido o redes de perfiles no oficiales que también difundan desinformación.
El proyecto tampoco responde todas las preguntas sobre cómo funcionaría el sistema.
Por ejemplo, no especifica si el CNE podría ordenar directamente la eliminación de una publicación en redes sociales o si esa decisión seguiría dependiendo de las plataformas digitales.
Tampoco desarrolla los criterios que utilizaría para diferenciar una mentira deliberada de un error, una opinión, una sátira o una afirmación política controvertida.
La iniciativa surge en un contexto en el que la desinformación ha tenido una presencia creciente en los procesos electorales hondureños.
Desde 2023, LA PRENSA Verifica y EH Verifica han documentado de forma sistemática campañas de desinformación y han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos para enfrentarlas.
De aprobarse, esta sería la primera vez que la legislación electoral hondureña incorporaría un capítulo específico para regular la desinformación durante las campañas políticas.
Sin embargo, el debate apenas comienza y el alcance definitivo de esas facultades dependerá del texto que eventualmente apruebe el Congreso Nacional.
