La intención del partido Libertad y Refundación (Libre) de efectuar un nuevo conteo de las 19,167 actas de cierre del reciente proceso electoral ha profundizado el rechazo de la oposición. Este día se presentaron dos nuevos recursos legales contra el decreto que ordena el recuento.
Con pocos minutos de diferencia, profesionales del derecho presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dos acciones legales que cuestionan el decreto legislativo 58-2025, aprobado por diputados de Libre, sancionado por Xiomara Castro, presidenta de la República, y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta.
En primera instancia, Ruth Lafosse, abogada constitucionalista y representante de la plataforma ciudadana Defensores de Honduras, interpuso una acción de amparo con el objetivo de que se declare inaplicable el decreto 58-2025, mediante el cual se anula la declaratoria de elecciones y se ordena la repetición del escrutinio.
“En conclusión, buscamos que sea la Sala de lo Constitucional la que ordene tanto a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, como al grupo de diputados que promovieron este decreto, que quede sin ningún valor ni efecto el instrumento que intenta anular las elecciones y frenar el proceso de alternancia de las autoridades electas por el pueblo”, explicó Lafosse.
La abogada sostuvo que la acción legal tiene como finalidad evitar la vulneración del mandato ciudadano expresado en las urnas el 30 de noviembre, cuando los hondureños acudieron a elegir a sus nuevas autoridades.
“El voto no se limita a depositarlo. Su efecto jurídico es determinante y hoy se pretende desconocerlo. Luis Redondo no tiene atribuciones para anular elecciones, redefinir el valor del voto ni ordenar un nuevo conteo cuando incluso su propio partido ya participó en ese proceso”, afirmó Lafosse.
El recurso de amparo solicita la suspensión inmediata del acto reclamado, así como que se ordene a Redondo cesar cualquier acción que obstaculice el funcionamiento del Congreso Nacional, incluyendo el acceso del pleno de diputados para el desarrollo normal de la actividad legislativa.
Los recurrentes pidieron a la Sala de lo Constitucional que resuelva el amparo con carácter urgente, tomando en cuenta que restan pocos días para que los diputados electos sesionen el próximo 21 de enero, fecha prevista para la instalación de la nueva legislatura.
Decreto vulnera garantías constitucionales
Por separado, los abogados Fernando González y Leonel Núñez presentaron una garantía de inconstitucionalidad por la vía de acción, en forma total y por razón de contenido, contra el decreto 58-2025, publicado en La Gaceta número 37,039, el 9 de enero de 2026.
Según González, el decreto vulnera garantías constitucionales, entre ellas el artículo 51 de la Constitución de la República, que establece la independencia y autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), órganos que no están subordinados a ninguno de los poderes del Estado.
“El presidente del Congreso Nacional y los más de 58 diputados que dieron vida a este decreto parecen haber olvidado que se trata de un instrumento lesivo contra la voluntad popular expresada en las urnas el 30 de noviembre”, señaló el jurista.
Al igual que en el amparo presentado por Lafosse, González y Núñez solicitaron a la Sala de lo Constitucional la mayor celeridad posible para resolver el recurso, considerando la proximidad del acto de juramentación de las nuevas autoridades legislativas.
“Sabemos que existe un orden de prelación en la Sala, pero también es cierto que los plazos son perentorios y que estamos a pocos días de una juramentación clave dentro del Congreso Nacional”, concluyó González.
