Tegucigalpa, Honduras.
La Sala de lo Constitucional declaró inadmisible un recurso de amparo administrativo interpuesto contra la aplicación de pruebas de confianza entre el personal que labora en el Ministerio Público (MP).
La impugnación la presentó la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) contra cinco artículos del Acuerdo No FGR-17-2014, emitido por el fiscal general, Óscar Chinchilla.
En dichos artículos se refiere la aplicación de pruebas de confianza al personal del MP, entre estas el polígrafo y las pruebas toxicológicas. Sin embargo, la Sala Constitucional resolvió declarar inadmisible el recurso de amparo. Se argumentan razones de forma, debido a un mal planteamiento de la acción.
Para el caso, se considera que el acuerdo en mención nace de un ordenamiento legal cuya constitucionalidad no ha sido impugnada.
Además, la AFH no ha acreditado la arbitrariedad de la autoridad recurrida. La Sala Constitucional reconoce la facultad reglamentaria que tiene la Fiscalía General para emitir este tipo de normativa.
El esfuerzo por aplicar las pruebas se origina de la necesidad de depurar todo el sistema de justicia, instancia que ya se aplicó a la Policía.
