TEGUCIGALPA. Tras una semana en la que se socializó con diversos sectores sociales, el dictamen de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social pasó ayer en primer debate en el Congreso Nacional.

El proyecto de decreto remitido por el Poder Ejecutivo que constaba de 21 artículos ya se había dado a conocer ante el pleno de diputados, por lo que ayer se leyó con los ajustes hechos por la comisión de energía. Modificaciones de forma y en su redacción sufrió el articulado de esta normativa que no respalda la bancada del Partido Nacional.

Por otro lado, se le dio primera lectura al resto de las disposiciones del dictamen de la iniciativa que busca suspender a las autoridades de la Universidad Nacional de Agricultura.

Además, se admitió otra proposición para que se prorrogue hasta el 15 de julio el plazo para que los vehículos circulen con las antiguas placas, instando al Instituto de la Propiedad (IP) agilizar el trámite, mientras que a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para no aplicar sanciones a los propietarios de automotores.

Una comitiva recomendó juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y a Óscar Chinchilla, fiscal general. El PN manifestó su rechazo ante la pretensión de derogar el decreto 100-2021.