Tegucigalpa, Honduras.
Dijo que el Poder Judicial no ha sido ajeno a los impactos generados por el covid-19 y los
huracanes Eta y Iota e ilustró que la pandemia de covid-19 redujo ostensiblemente la capacidad de atención; pero pese a ello, los servicios de justicia, aunque de manera limitada, jamás dejaron de prestarse en ninguna de las regiones del país.
Asimismo, destacó que “hemos venido trabajando consistentemente en la conformación multipartidista de un paquete de leyes para crear una institucionalidad robusta y actualizada”.
En una ceremonia inusual que contó con una reducida presencia de diputados debido al elevado contagio del covid-19, el Congreso Nacional instaló ayer su cuarta y última legislatura del actual período constitucional, en la que comenzó sus actividades legislativas rechazando una solicitud de juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández, propuesta semanas atrás por un grupo de diputados de la oposición.
Esta vez, la instalación del último período de sesiones del Parlamento hondureño no estuvo revestida de la pompa de antaño, ni contó con la presencia de nutridas delegaciones de las diferentes instituciones del Gobierno, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sociedad civil y del cuerpo diplomático acreditado en el país por causa de la pandemia.
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Se trató de una ceremonia austera con rigurosas medidas de bioseguridad que duró un poco más de dos horas y en la que solo estuvieron los titulares de los tres poderes del Estado, los jefes de las bancadas parlamentarias, los miembros de la junta directiva y un reducido grupo de miembros del Gabinete de Gobierno, distanciados por separadores de acrílico y vidrio.
El evento comenzó a las diez de la mañana con el ingreso de los titulares de los tres poderes del Estado y del pabellón nacional escoltado por los caballeros cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán.
Luego se procedió a la invocación a Dios por parte de la diputada Olga Josefa Ayala, seguido de la entonación de las notas del Himno Nacional y la aprobación y firma del decreto número 1-2021 de instalación de la cuarta legislatura.
Continuando con el protocolo, los presidentes del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, procedieron a rendir su informe anual de actividades ante el pleno presente y los restantes diputados conectados a través de la plataforma virtual.
Sentencias y extradiciones
Al presentar su informe de actividades, Argueta destacó que en su gestión se invirtieron 4.6 millones de lempiras en equipo de bioseguridad para empleados del Poder Judicial.Además, resaltó que en 2020 se emitieron 39,000 sentencias, y como una medida novedosa hizo hincapié en que se ha logrado la excarcelación de 2,600 privados de libertad, esto como algo que se era necesario hacerlo humanitariamente.
“Enviaremos al Congreso Nacional el proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la que esperamos el apoyo de los diputados”, anunció.
| La mayoría de diputados siguieron la sesión por Internet.
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Indicó que el Poder Judicial cuenta con 5,521 servidores judiciales a nivel nacional, de los cuales 4,387 empleados judiciales no tienen alguna enfermedad preexistente que les ponga en especial riesgo frente a la covid-19 y se encuentran reincorporados, y 1,134 servidores judiciales en condiciones de vulnerabilidad realizan sus funciones por teletrabajo.
Expuso que el pleno de magistrados tuvo a la fecha 16 sesiones virtuales, 14 el año recién pasado y dos en este año, 2021, en las cuales se resolvió una cantidad significativa de expedientes jurisdiccionales provenientes de las diferentes salas, se nombraron los jueces naturales para cinco solicitudes de extradición.
También se emitió el Instructivo para la Celeridad de los Procesos Penales, se aprobó el Plan de Reincorporación Gradual y Responsable al Trabajo Presencial en el Poder Judicial, y se determinó de reactivar los plazos procesales después de casi 10 meses de haber tenido que suspender los mismos por la emergencia sanitaria nacional, entre otras cosas. Este año, las Salas de la Corte Suprema de Justicia emitieron 1,492 resoluciones.
Decretos y medidas
El titular del Parlamento, Mauricio Oliva, destacó que a lo largo del año pasado se aprobaron 149 leyes y decretos orientados a reactivar la economía para hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la pandemia del covid-19 y atender a los miles de compatriotas afectados por los huracanes Eta y Iota.Dijo que como respuesta a la pandemia mundial, el Congreso permaneció en sesión permanente durante todo 2020 y se procedió tecnológicamente a establecer los plenarios legislativos virtuales, convirtiendo al Congreso Nacional en uno de los tres únicos parlamentos latinoamericanos que “no dejamos de hacer nuestro trabajo”.
Se generaron leyes especiales de aceleración económica, de auxilio financiero y readecuación de deudas a distintos sectores. Se autorizó la contratación urgente de personal ligado a la atención en salud. Se aprobó la ley de la vacuna gratuita”, resumió en cuanto al abordaje de la pandemia y las tormentas tropicales.
Entre esas leyes destacan la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos del covid-19, la Ley de Vacuna Gratuita anticovid, y un paquete de medidas de auxilio al sector productivo afectado por la pandemia, así como una serie de ampliaciones y exoneraciones de impuestos.
También se aprobó entregar un bono de 5,000 lempiras a familias damnificadas por Eta y Iota, que permitió al Ejecutivo entregar más de 300 millones de lempiras en este bono de emergencia en la época de Navidad.
| El presidente Hernández llegó acompañado de su esposa y un reducido número de ministros.
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Oliva remarcó que el objetivo central de esta legislación ha sido generar certidumbre y confianza en la población y que el calendario electoral se cumpla al pie de la letra, basado en un marco legal moderno, transparente, inclusivo y altamente consensuado, a través de una nueva ley electoral, aplicada por organismos nuevos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, integrados por diferentes fuerzas políticas.
Por último, el Poder Legislativo, con el apoyo de la mayoría de diputados de todas las bancadas, aprobó la reforma Escudo Contra el Aborto en Honduras, la cual fue ampliamente socializada antes de su aprobación.
También se aprobó la Ley de Disposiciones Especiales para las Elecciones Primarias 2021, que se desarrollarán el 14 de marzo.
Trámite de juicio político
Al cabo de la ceremonia de instalación, la junta directiva instaló la primera sesión de la legislatura y sometió a discusión la solicitud de juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández, presentada por los diputados de la oposición Jorge Cálix (Libre) y Luis Redondo y David Reyes (Pinu).El secretario de la junta directiva del Congreso, Tomás Zambrano, dijo que todos los diputados recibieron horas antes de la sesión una copia de la acción interpuesta por los antes mencionados, y por consiguiente solo quedaba someterla a votación en el sentido de si se aceptaba o no.
Aclaró que la votación tenía como fin primordial votar por la admisión del juicio político o si por el contrario se rechazaba y las diligencias pertinentes se mandaban a archivo en la última legislatura.
Cabe indicar que en la sesión únicamente se concedió la palabra al jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, quien arguyó que no estaban preparados para votar en vista que la propuesta les llegó tardíamente y por consiguiente su bancada iba a razonar su voto.
Sin mayores preámbulos, la solicitud de juicio político se sometió a votación, pero no reunió la mayoría calificada de 86 votos que establece el procedimiento parlamentario.
La solicitud de juicio político fue presentada ante la secretaría del Congreso Nacional por los tres parlamentarios luego que a mediados de este mes trascendiera un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el que se menciona que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, supuestamente protegió al narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez a cambio de sobornos.
La Presidencia de Honduras desmintió tales señalamientos e indicó que las acusaciones son 100% falsas y están fundamentadas en confesiones de criminales confesos que buscan venganza por las acciones implementadas por el Gobierno contra el tráfico de drogas.
