El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, advirtió sobre un escenario constitucional “altamente riesgoso” para la democracia hondureña en caso de que el país llegue al 27 de enero sin una declaratoria oficial de resultados en ninguno de los niveles electivos.
De acuerdo con Solórzano, la Constitución de la República es clara en su artículo 242, el cual establece que, ante la falta de una declaratoria, se conformaría un gobierno provisional, encabezado por el secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia.
“Sinceramente, y como abogado, algo que jamás pensé ver en mi vida jurídica dentro del marco constitucional hondureño; esto solo me lo imaginaba en casos muy excepcionales por circunstancias relacionadas a caso fortuito o fuerza mayor”, expresó.
El jurista explicó que el mismo artículo constitucional ordena que, entre cuatro y seis meses después, se convoque a nuevas elecciones, subrayando que se trataría de un proceso completamente distinto al anterior. “No es una continuación del proceso electoral previo, es un nuevo proceso electoral”, enfatizó.
En ese contexto, Solórzano detalló que un nuevo proceso implicaría una nueva convocatoria, la falta de validez de lo actuado en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 -salvo decisión expresa de cada partido-, así como la redefinición de fórmulas presidenciales, diputaciones y corporaciones municipales.
El también asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indicó que incluso los partidos a los que anteriormente no se les aceptaron fórmulas tendrían derecho a participar, junto con la posibilidad de nuevas alianzas políticas y “nuevas reglas de juego”.
Sobre los efectos políticos de ese escenario, el presidente del CAH consideró que se verían favorecidos los partidos con estructuras “verticales, disciplinadas y jerárquicas”, así como aquellos que puedan reordenarse con rapidez, mientras que resultarían perjudicadas las organizaciones con estructuras divididas o débiles.
Solórzano también alertó que la Constitución permite que la organización de ese eventual proceso electoral recaiga en distintas instituciones, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Congreso Nacional o incluso la Corte Suprema de Justicia, lo que abre interrogantes sobre quién asumiría esa responsabilidad.
“Un nuevo proceso electoral redefine todo el tablero político y, al no haber reglas claras para regular este escenario, perdemos los hondureños y ganan unos pocos que tienen mayor control institucional”, advirtió, al tiempo que sostuvo que se está colocando a la democracia hondureña “en un juego altamente peligroso”.
El asesor legal del Cohep llamó a respetar la ley y la institucionalidad como única vía para la defensa del sistema democrático. “La democracia no se defiende con cálculos políticos. Se defiende hoy, no cuando ya es demasiado tarde”, concluyó, citando el refrán: “En río revuelto, ganancia de pescadores”.
