La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este viernes “su profunda preocupación” por la entrada en vigor de reformas legislativas en Honduras que “contravienen” obligaciones de derechos humanos y limitan la investigación de casos de corrupción.
”Según el análisis realizado por la Oficina que represento, las modificaciones publicadas reducen significativamente el espacio cívico a través de la criminalización de la protesta pacífica y limitan las posibilidades de investigación y sanción de la corrupción”, dijo la representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo, en un comunicado.
La diplomática afirmó que a la Oacnudh le “preocupa que la entrada en vigor de estas reformas agrave la situación de conflictividad por el acceso a la tierra, particularmente para grupos campesinos y pueblos indígenas”.
”Tanto nuestra Oficina como mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a Honduras abordar las causas estructurales de los conflictos sobre tierras y territorios y evitar el uso del derecho penal como respuesta a esta conflictividad”, subrayó.
El Parlamento de Honduras aprobó el pasado 7 de octubre una serie de reformas al nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley contra el Lavado de Activos, y entraron en vigor este miércoles.
”La labor de las organizaciones de la sociedad civil que realizan auditoría social y denuncian la corrupción, y en general, de todas las que defienden los derechos humanos, es fundamental para la promoción y garantía de los derechos humanos, el desarrollo del país y el funcionamiento pleno del Estado de Derecho”, aseguró Albaladejo.
REVISAR REFORMAS
La oficina del Alto Comisionado de la ONU indicó que la “urgencia y la falta de transparencia en la aprobación de estas reformas impidieron un debate ciudadano representativo de la diversidad del país y de los grupos y comunidades afectados por las mismas”.
Instó a las autoridades de Honduras a “considerar la revisión del contenido (de las reformas) en el marco de un proceso amplio y participativo que incluya a los distintos actores interesados”, para superar “este cuestionamiento a la legitimidad” de las modificaciones a las leyes.
Destacó que las reformas al Código Penal extienden “la aplicación del delito de usurpación a espacios públicos, agravan seriamente sus penas y lo convierten en un delito de flagrancia continua”.
Esto derivaría en “restricciones ilegítimas al derecho a participar en los asuntos públicos, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de expresión y al derecho a defender los derechos humanos”, añadió.
IMPACTO NEGATIVO EN INVESTIGACIÓN
La Oacnudh señaló que resulta “preocupante el agravamiento de la criminalización que ya enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras, como ya ha sido advertido por diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos”.
Las reformas al Código Procesal Penal, según el comunicado de la Oacnudh, habilitan los “desalojos preventivos e inmediatos sin control judicial”.
”La Oficina recuerda que tanto las obligaciones internacionales suscritas por Honduras, que forman parte del derecho interno, así como la jurisprudencia constitucional, señalan que no pueden realizarse desalojos en tanto no exista una decisión judicial sobre la propiedad o posesión del bien real”, agregó.
Además, ve con preocupación “el impacto negativo” que tendrán las reformas legislativas en la capacidad del Ministerio Público para investigar casos de corrupción.
”Las reformas relacionadas con el secreto bancario y con las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Ley Especial de Lavado de Activos restringen el acceso a información financiera necesaria en la investigación de casos de corrupción y crimen organizado”, señaló la Oacnudh. EFE
