Ilama, Santa Bárbara, Honduras.
Porque compraron un terreno valorado en 2.7 millones de lempiras y no realizaron ninguna licitación, ayer elementos de la Agencia Técnica de Investigación criminal (Atic) intervinieron la Municipalidad de Ilama, Santa Bárbara, en busca de todos los documentos del proceso que siguieron las autoridades edilicias para adquirir la propiedad.
Los miembros de la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción junto con la Atic llegaron a las 8:00 am y cerraron las puertas del viejo edificio de la Municipalidad. Los agentes se apoderaron de los documentos de los departamentos de la comuna, a la que llegaron algunos de los regidores, quienes permanecieron junto con los investigadores en las oficinas.
Las investigaciones se derivan de una denuncia en contra de los funcionarios municipales que señalan que compraron el terreno para la construcción de 100 viviendas para personas de escasos recursos y algunos de los regidores no fueron consultados y tampoco el proceso de compra siguió los requisitos de ley.
El terreno de 24.5 manzanas ubicado en el barrio El Zapote fue comprado hace un mes por las autoridades municipales, las que pagaron 2.7 millones de lempiras a una familia que había heredado el terreno. La compra se hizo para construir 100 viviendas como parte de los convenios de edificación de la granja penal en Ilama. Por permitir ese proyecto del centro penitenciario, les construirían las viviendas, así como otras obras.
El regidor Rigoberto Maradiaga indicó que en la sesión de Corporación Municipal de mayo se habló de la compra del terreno, pero él no estuvo de acuerdo y tampoco firmó ninguna acta.
“No se licitó y tampoco había ningún estado de emergencia para hacer la compra sin seguir el proceso legal. Yo puedo responder por lo que yo hice y por lo que no estuve de acuerdo, no sé los demás corporativos”, expresó el regidor al consultarle quiénes estuvieron de acuerdo con la compra. Otros regidores y el vicealcalde estuvieron con los fiscales y no dieron declaraciones a los medios de comunicación.
Sobre el alcalde Agustín Muñoz Rivera, los empleados expresaron que estaba de viaje en Tegucigalpa y que no sabían cuándo regresaría. Las autoridades dejaron citados a los miembros de la Corporación Municipal y otros empleados como parte de las diligencias de investigación. Los citados deberán comparecer ante la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción en San Pedro Sula. Los agentes decomisaron actas de sesiones, los contratos de compra y el cheque que pagaron.
Porque compraron un terreno valorado en 2.7 millones de lempiras y no realizaron ninguna licitación, ayer elementos de la Agencia Técnica de Investigación criminal (Atic) intervinieron la Municipalidad de Ilama, Santa Bárbara, en busca de todos los documentos del proceso que siguieron las autoridades edilicias para adquirir la propiedad.
Los miembros de la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción junto con la Atic llegaron a las 8:00 am y cerraron las puertas del viejo edificio de la Municipalidad. Los agentes se apoderaron de los documentos de los departamentos de la comuna, a la que llegaron algunos de los regidores, quienes permanecieron junto con los investigadores en las oficinas.
Las investigaciones se derivan de una denuncia en contra de los funcionarios municipales que señalan que compraron el terreno para la construcción de 100 viviendas para personas de escasos recursos y algunos de los regidores no fueron consultados y tampoco el proceso de compra siguió los requisitos de ley.
 Los agentes buscaron documentos en Catastro, tesorería y secretaría para verificar el proceso de compra que hicieron.
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El regidor Rigoberto Maradiaga indicó que en la sesión de Corporación Municipal de mayo se habló de la compra del terreno, pero él no estuvo de acuerdo y tampoco firmó ninguna acta.
“No se licitó y tampoco había ningún estado de emergencia para hacer la compra sin seguir el proceso legal. Yo puedo responder por lo que yo hice y por lo que no estuve de acuerdo, no sé los demás corporativos”, expresó el regidor al consultarle quiénes estuvieron de acuerdo con la compra. Otros regidores y el vicealcalde estuvieron con los fiscales y no dieron declaraciones a los medios de comunicación.
Sobre el alcalde Agustín Muñoz Rivera, los empleados expresaron que estaba de viaje en Tegucigalpa y que no sabían cuándo regresaría. Las autoridades dejaron citados a los miembros de la Corporación Municipal y otros empleados como parte de las diligencias de investigación. Los citados deberán comparecer ante la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción en San Pedro Sula. Los agentes decomisaron actas de sesiones, los contratos de compra y el cheque que pagaron.
