Este sábado 18 de enero marca el inicio del periodo de propaganda electoral en Honduras. Durante este tiempo, los políticos podrán presentar sus propuestas y difundir sus planes de gobierno, o sea hacer proselitismo.
Durante 50 días, los hondureños se someten de forma involuntaria a una avalancha de propaganda electoral, ya sea a través de distintos medios de comunicación y redes sociales. Esto incluye canciones o melodías de los aspirantes a cargos de elección popular; además de giras y convocatorias en espacios abiertos.
El artículo 217 de la Ley Electoral de Honduras señala que “Propaganda electoral es la actividad que persigue promocionar y ejercer influencia en la opinión y en la conducta de los ciudadanos para inducir o solicitar el voto a favor de determinados candidatos de los movimientos y candidatos de los partidos políticos, alianzas de partidos políticos y candidaturas independientes, según sea el caso, en lugares de dominio público o utilizando principalmente medios masivos de comunicación”.
Es el Consejo Nacional Electoral (CNE) por los medios que determine, el que debe realizar las actividades de monitoreo y seguimiento de campaña y propaganda electoral, entre otras.
Fiscalización de financiamiento
Los 15 movimientos que participarán en las elecciones primarias del 9 de marzo debieron abrir sus cuentas bancarias para someterse al proceso de fiscalización de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) de los fondos que utilizarán en sus campañas.
“El precandidato que no realice la apertura de la cuenta bancaria diferenciada y que la unidad identifique que tuvo actividades y gastos en los conceptos de propaganda, ese candidato va a tener una enorme dificultad para rendir cuentas y justificar el origen de los fondos”, explicó el comisionado Emilio Hércules.
Los precandidatos a presidente, alcaldes y diputados de todos los partidos políticos podrán gastar más de L1,591 millones ($63 millones) en los 50 días de campaña proselitista previos a las primarias de marzo.
Por autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE), los partidos políticos pueden gastar un máximo de L505,277,986 en el nivel electivo presidencial, L585,888,809.20 en el nivel de diputados y más de L500,000 en nivel municipal. Estas cifras suman alrededor de L1,591,192,328.7, de acuerdo con la Certificación 019-2024 del CNE.
Hasta ahora, excluyendo los datos no reportados a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, creada en 2017, en teoría los partidos políticos no han sobrepasado los límites de gastos autorizados por CNE en las últimas campañas.
Para las primarias de 2021, el CNE decretó un límite de gastos de L1,632,815,362.5: L544,271,787.50 (presidencial), L544,271,787.50 (diputados) y L544,271,787.50 (alcaldes), según cifras contenidas en el Acuerdo 04-2020, publicado en La Gaceta en septiembre de 2020.
En ese proceso, los políticos gastaron L324,410,863.10, indican registros de UFTF, órgano responsable de revisar el financiamiento de las campañas electorales. Sin embargo, ese gasto no responde a la realidad.
Aunque la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos obliga a todos los aspirantes a cargos de elección popular a rendir cuentas ante la UFTF, esa institución solo recibió 1,453 informes financieros (36%) de los precandidatos de los tres partidos políticos en contienda. No presentaron 2,612 informes (64%).
Los gastos de campaña electoral, que deben reportar obligatoriamente al UFTF, tienen como fuentes de financiamiento los sectores privado y público. La ley indica que el público es una “contribución otorgada por el Estado para la consolidación y funcionamiento de la institucionalidad política, depositada en el Fondo de Financiamiento administrado por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización”.