Tegucigalpa, Honduras.
“Un patrón de conducta irregular en la emisión de certificaciones de incapacidades médicas” han encontrado en la Policía Nacional los miembros de la Comisión Especial nombrada a efecto de depurarla y reestructurarla, reveló Omar Rivera, miembro de esta instancia.
Rivera manifestó que, “se sospecha que malos policías, en contubernio con malos médicos, han hecho festín con las certificaciones médicas, facilitándole el reposo a policías que ganan salarios sin trabajar, y dedican su tiempo a otras actividades particulares, pues están más sanos que nunca”.
“Desde hace varias semanas, tomando en consideración las sospechas de fraude en la emisión de certificaciones médicas de incapacidad laboral, habíamos reflexionado sobre la necesidad de instar al Secretario de Seguridad para que procediera de inmediato a nombrar una Comisión Técnica a fin de verificar la legalidad, pertinencia y vigencia de todas esas certificaciones y licencias emitidas a nombre de los miembros de la carrera policial”, expresó Rivera.
Igualmente, indicó que estas constancias médicas son utilizadas para evitar hacerse presente en audiencias de descargo, ya que los policías logran conseguir –de emergencia- una de esas certificaciones en fechas coincidentes con dichas comparecencias, y de esa manera van provocando, de forma reiterada, posteriores citatorios; sin duda alguna son hábiles para el ‘mandrake’, pero aquí vamos a tener que poner orden”, advirtió.
De igual forma, el depurador cuestionó la tolerancia y pusilanimidad de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad, que por décadas dejaron que este tipo de comportamiento fuese aceptado.
Omar Rivera reveló que algunos oficiales de policía, que van a ser sujetos de notificación de sus acuerdos de cancelación, “se las quieren pasar de vivos y han procedido a tramitar reposos e incapacidades, para de esa manera extender su permanencia en la estructura estatal”; asimismo, muchos otros de grado inferior “como ya saben que se les va a evaluar y corren el riesgo de ser cancelados por reestructuración o depuración, proceden a obtener en clínicas privadas, constancias médicas que digan que están graves de salud”, enfatizó.
“Un patrón de conducta irregular en la emisión de certificaciones de incapacidades médicas” han encontrado en la Policía Nacional los miembros de la Comisión Especial nombrada a efecto de depurarla y reestructurarla, reveló Omar Rivera, miembro de esta instancia.
Rivera manifestó que, “se sospecha que malos policías, en contubernio con malos médicos, han hecho festín con las certificaciones médicas, facilitándole el reposo a policías que ganan salarios sin trabajar, y dedican su tiempo a otras actividades particulares, pues están más sanos que nunca”.
“Desde hace varias semanas, tomando en consideración las sospechas de fraude en la emisión de certificaciones médicas de incapacidad laboral, habíamos reflexionado sobre la necesidad de instar al Secretario de Seguridad para que procediera de inmediato a nombrar una Comisión Técnica a fin de verificar la legalidad, pertinencia y vigencia de todas esas certificaciones y licencias emitidas a nombre de los miembros de la carrera policial”, expresó Rivera.
Igualmente, indicó que estas constancias médicas son utilizadas para evitar hacerse presente en audiencias de descargo, ya que los policías logran conseguir –de emergencia- una de esas certificaciones en fechas coincidentes con dichas comparecencias, y de esa manera van provocando, de forma reiterada, posteriores citatorios; sin duda alguna son hábiles para el ‘mandrake’, pero aquí vamos a tener que poner orden”, advirtió.
De igual forma, el depurador cuestionó la tolerancia y pusilanimidad de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad, que por décadas dejaron que este tipo de comportamiento fuese aceptado.
Omar Rivera reveló que algunos oficiales de policía, que van a ser sujetos de notificación de sus acuerdos de cancelación, “se las quieren pasar de vivos y han procedido a tramitar reposos e incapacidades, para de esa manera extender su permanencia en la estructura estatal”; asimismo, muchos otros de grado inferior “como ya saben que se les va a evaluar y corren el riesgo de ser cancelados por reestructuración o depuración, proceden a obtener en clínicas privadas, constancias médicas que digan que están graves de salud”, enfatizó.
