Tegucigalpa
La Procuraduría General de la República (PGR) dejó indefenso al Estado al no proteger sus intereses durante un millonario juicio en el que se embargan más de L67 millones de las arcas del Instituto de la Propiedad.
Durante el proceso, que se remonta a 2017, los apoderados legales del Instituto de la Propiedad representaron sus intereses en el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán.
Según consta en el expediente 0801-2017-05080, el 14 de enero de 2022, la asesora legal del IP, Lesbia Sugey Banegas, interpuso un recurso de apelación contra la resolución del juez de primera instancia de lo civil, que ordenaba embargar los millonarios recursos a la institución.
No obstante, Banegas dejó de laborar en el Instituto de la Propiedad en junio de 2022.En ese sentido, el procurador de la república, Manuel Antonio Galeas, según revelan los documentos oficiales del Juzgado Civil, promovió un recurso de nulidad absoluta de actuaciones de la abogada Banegas.
Y no solo eso, en el mismo escrito asumió la representación legal del Estado de Honduras durante el juicio civil para defender los intereses del Estado. El procurador Galeas aseguró que “los abogados que llevan esa demanda no forman parte de los procuradores de la PGR, sino que son abogados de la Dirección Legal del IP”.
Recientemente la sentencia fue ratificada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, condenando al Instituto de la Propiedad por daños y perjuicios, obligándolo a pagar la millonaria suma de dinero a los demandantes.
Frente al fallo, la Procuraduría estaba obligada a presentar un recurso de casación ante la Sala Civil, que es la última instancia del derecho para tratar de solventar la situación.
Pero, la PGR - a pesar de tener la representación del Estado en el caso- no presentó el recurso para tratar de revertir el millonario embargo y la sentencia adquirió el carácter de firme y ejecutable.
Clave
15 de junio de 2022 Las autoridades del Instituto de la Propiedad rescindieron el contrato de trabajo a la abogada Banegas, por lo que la Procuraduría General de la República asumió la defensa de los intereses del Estado en el expediente del Juzgado.
En los últimos días, la demanda que fue interpuesta por los señores José Abraham Figueroa, Carlos Francisco Velásquez y Lilian Dolores Fiallos, fue remitida a la Sala Constitucional al de la Corte Suprema de Justicia a petición de la PGR, para someterla a un ad effectum vivendi.
Esta figura jurídica faculta a la Sala Constitucional a observar, analizar y recomendar expedientes con relación a sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del país.Sin embargo, los jueces constitucionales no pueden modificar la sentencia dictada.
En los últimos días, el Juzgado Civil de Francisco Morazán dictó una sentencia definitiva de un embargo de casi 3,000 millones de lempiras a las cuentas del Estado, por una demanda interpuesta por la empresa estadounidense DRC, que demandó al Estado desde 1998, por un incumplimiento de contrato.
