Ante una baja ejecución presupuestaria en 2022, la ampliación en el presupuesto general de ingresos y egresos de la república para el ejercicio fiscal 2023 fue catalogado como incongruente al no contar con un verdadero plan de desarrollo para impulsarlo desde el Gobierno.
Al cierre de 2022, la ejecución presupuestaria finaliza un índice menor al 28% del gasto público, según lo establecido en la plataforma de Inteligencia de Negocios (BiSefin).
Para saber
En dos últimos años hay un incremento de más de L100,000 millones, ya que el presupuesto de 2021 fue de L281,000 millones.
Ante la ampliación del 27% al presupuesto general 2023 resurgen los cuestionamientos y la renuencia de acompañamiento por las diferentes fuerzas políticas a lo interno del Congreso Nacional.
Manifiestan que no acompañarán el dictamen, si no son eliminados varios artículos polémicos, además de la generación de una mayor coherencia en los montos asignados.
“El problema con este presupuesto es que no le vemos alineado a un plan nacional de desarrollo que haya formulado el Gobierno para mejorar la condición socioeconómica de los hondureños”, explicó Luis Guifarro, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).
Agregó que “tenemos indicadores muy bajos a nivel de desempeño de la economía, entonces no vemos por parte del Gobierno que haya un esfuerzo por mejorar eso”.
Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, expresó que “en efecto ha sido baja la ejecución en este año por diferentes razones, no tan baja como lo que aparece reflejado en la Secretaría de Finanzas, ya que todavía están entrando órdenes al sistema que por diferentes razones los ministros no habían hecho saber a Siafi”.
El diputado explicó que el presupuesto del Gobierno central es de L232,000 millones y el resto del sector público es L158,000 millones. Esto hace un total de 390,000 millones de lempiras.
Noé Pino dijo que “las peticiones de aumento fueron de parte de casi todas las secretarías. Las peticiones adicionales sumaron casi L30,000 millones”.
Polémica por artículo que permitiría compras directas
Tegucigalpa. El diputado nacionalista Nelson Márquez denunció que el artículo 289 de las disposiciones del presupuesto general de la república señala que los ministros podrán realizar las compras de bienes y servicios y realizar contrataciones directas.
Esto obviando la Ley de Contratación de Estado, que obliga a licitaciones en 2023, y eso incluye que no tengan que consultar a la presidenta Xiomara Castro.
Márquez dijo en el foro Frente a Frente que le “pareció increíble” que el Consejo de Ministros solicite en el presupuesto general durante todo 2023 se obvie la Ley de Contratación de Estado y que los “ministros puedan a discreción y sin consultar con la Presidenta de la república poder realizar durante todo el año contrataciones directas”.
“O hay algunos que se quieran pasar de vivos y le quieran jugar la vuelta a la presidenta, o la presidenta está siendo demasiado permisiva”, agregó.
