El Partido Liberal anunció anoche que se abstendrá de votar para la elección de un Fiscal General y Fiscal Adjunto en el Congreso Nacional, lo que deja sin mayoría al Legislativo para la elección.
La decisión del partido de oposición hace que la elección de los máximos representantes del Ministerio Público se celebre en la legislatura del próximo gobierno (2014-2018). “Hace imposible que haya mayoría calificada en el Congreso, entonces debe hacerse el próximo año. Aquí hay 41 diputados de la bancada liberal”, explicó el candidato presidencial del Partido Liberal, Mauricio Villeda, decisión que calificó como “patriótica”. Villeda agregó que a la postura se unió la bancada del Pinu.
El presidente de la bancada, Yani Rosenthal, confirmó la decisión tomada tras una reunión celebrada en la sede del partido.
Cambio de reglas
El proceso para elegir al nuevo Fiscal General de la República y al Fiscal General Adjunto perdió credibilidad y dejó en evidencia, una vez más, la inveterada manipulación e injerencia política en la selección de ambos cargos claves en la administración de justicia del país.
El cambio repentino en las reglas del juego en la selección de los candidatos a fiscales creó ayer un cisma en la Junta Proponente y puso en entredicho el procedimiento que hasta ahora habían llevado a cabo los proponentes para seleccionar a los cinco profesionales que serán elevados a consideración del Congreso Nacional.
Anoche, el Partido Liberal anunció que se abstendrá de votar dejando sin mayoría al Legislativo para tomar la decisión y el abogado autopropuesto para el cargo, Yahir López, el mejor evaluado, presentó su renuncia alegando falta de transparencia y porque el proceso “se ha entorpecido”.
El conflicto comenzó cuando cuatro miembros de la Junta de Proponentes -los dos representantes de la Corte Suprema de Justicia, el del Colegio de Abogados y el de las universidades privadas- dispusieron por mayoría de votos que los candidatos que habían quedado descalificados en las pruebas anteriores pudieran hacer el examen del polígrafo.
La decisión fue adoptada por cuatro votos a favor y tres en contra, aunque ya había un acuerdo preliminar de que en la prueba del polígrafo solo participaran los 14 candidatos que habían recibido las mejores calificaciones.
La moción fue propuesta casi a la medianoche del martes por el representante de las universidades privadas, Luis Eveline, y secundada por el presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, la magistrada Edith María López y el presidente del Colegio de Abogados y exfiscal general adjunto Roy David Urtecho.
Esa modificación en las reglas motivó el retiro del representante de la sociedad civil, Carlos Hernández; el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, y la rectora de la Unah, Julieta Castellanos, aunque esta dijo en una comparecencia de televisión que asistiría a las reuniones solo para defender el derecho de los que habían pasado las pruebas anteriores y dejar constancia de los profesionales que no acreditaron su título de abogado y por eso quedaron al margen del proceso.
Por estas y otras irregularidades se retiraron la fiscal de la Niñez, Nora Urbina; la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Doris Imelda Madrid, y el miembro de la Junta Interventora del Ministerio Público, Lino Tomás Mendoza. Urbina adujo que su retiro obedece a que el “proceso está manchado, he dejado de creer en él y las reglas no han estado claras en la Junta Proponente y sus miembros están divididos”.
Injerencia política
Una fuente del Poder Legislativo aseguró a LA PRENSA que el cambio repentino de las reglas tiene como fin beneficiar a uno o dos profesionales afines al candidato presidencial nacionalista Juan Orlando Hernández.
Uno de estos es el magistrado y presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Óscar Fernando Chinchilla, quien quedó fuera en las pruebas preliminares, pero que con el cambio de las reglas pudo someterse ayer a la prueba del polígrafo y continuar aspirando.
El representante de la Asociación para una Sociedad más Justa y representante de la sociedad civil, Carlos Hernández, cuestionó que a última hora se pretenda cambiar las reglas del proceso de selección de los candidatos.
Hernández dijo que la asociación se retiró la noche del martes de la Junta porque “si las cosas siguen como están y no recapacitan, y no nos enmarcamos dentro de lo que habíamos definido, no participamos”.
Recordó que dentro de la Junta ya habían definido el reglamento de selección, comenzando con la entrevista de los 51 postulantes y la aplicación de las pruebas psicométricas a 38 de los que pasaron a esa etapa y concluyendo con la aplicación del polígrafo a los 14 que obtuvieron las mayores calificaciones.
“Lamentablemente, el representante de las universidades privadas que no estuvo participando en todo el proceso porque estaba fuera del país llegó con una posición para que volviéramos y le aplicaran las pruebas a todos los que habíamos entrevistado, por lo cual nos pareció que estaban fallando en cuanto a lo que ya habíamos establecido y una acción clara de querer beneficiar a alguien”, denunció.
Intervención externa
La rectora Julieta Castellanos aseveró que el proceso tuvo un principio extraordinario, pero lamentablemente en la fase final, que comenzó el lunes por la tarde, hubo algunos cambios que todos conocen.
Confirmó que el representante de las universidades privadas Luis Eveline estuvo ausente en el proceso porque estuvo fuera del país, pero esta semana se reintegró solo para cambiar las reglas y “redefinir los criterios” con el apoyo del presidente del Colegio de Abogados y los delegados de la Corte.
Advirtió que el riesgo es que, si cede a las presiones desde esta etapa, “seguiremos siendo interferidos desde fuera en las etapas siguientes”.
Reveló que aparentemente los cambios obedecen a las presiones de la gente que quedó fuera en las etapas anteriores y siente que debería estar en el grupo de los seleccionados.
En su defensa, Eveline adujo que él se debe al mandato de 14 universidades privadas y cinco públicas y ahí radica su posición respecto a la elección de los fiscales.
Marco legal
Funciones El Ministerio Público estará bajo la dirección, orientación, administración y supervisión del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente o por medio de los funcionarios o empleados que se determinen en la ley o en los reglamentos.
Adjunto El MP tendrá también un Fiscal Adjunto bajo la subordinación del titular, a quien sustituirá en sus ausencias temporales y en las definitivas mientras se produzca el nombramiento del propietario, así como en los casos de excusa o recusación. Tendrá la dirección, orientación y supervisión de la administración.
Requisitos El ciudadano propuesto para Fiscal General o Adjunto deberá reunir los requisitos siguientes: ser hondureño por nacimiento, mayor de 35 años. Abogado, colegiado con 10 años de ejercicio en la judicatura, de reconocida solvencia moral y estar en el pleno ejercicio de sus derechos.
Elección El Fiscal General y el Fiscal General Adjunto serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros de una nómina de cinco candidatos que presente una Junta Proponente presidida por el titular de la Corte Suprema.