La elección del fiscal general y el fiscal adjunto “deja muchas dudas y una fuerte sospecha de la manipulación de algunos políticos tradicionales”, afirmó ayer en una entrevista a LA PRENSA la abogada Maribel Espinoza.
¿Cómo cree que va a concluir la controversia en la Junta Proponente encargada de la escogencia de los candidatos para Fiscal General y Fiscal Adjunto?
No tengo claro como va a concluir ese embrollo, pero lo que sí puedo afirmarle es que con esos últimos acontecimientos suscitados al seno de la Junta Proponente solo dejan muchas dudas y una fuerte sospecha de la manipulación de algunos políticos tradicionales que aún no se dan cuenta que el pueblo hondureño los sancionará sin duda, al momento de votar en las elecciones generales, pues todos los ciudadanos censuramos ese manoseo político tradicional, esa afrenta continua y permanente a las leyes que debemos observar todos los hondureños.
Lo que está sucediendo rebasa lo absurdo e insólito, pues con unas pobres interpretaciones acomodadas que se hacen de la ley, que solo dejan al desnudo los verdaderos intereses que se están anteponiendo con la elección de los fiscales, precisamente por ello debemos preguntarnos: ¿Cómo es posible que si la Junta Proponente es un ente colectivo temporal integrado por representantes de varias organizaciones, cuyos miembros están obligados a votar a favor o en contra de las decisiones que deben adoptar en ese sentido, pensemos que sea legalmente válido que siga funcionando dicha junta habiéndose retirado tres de sus miembros?
Pretender que aceptemos eso como válido es tan descabellado como pensar siquiera que un Tribunal de Justicia, compuesto de varios jueces, puede dictar válidamente una sentencia faltando el voto de uno de sus jueces.
La Junta Proponente no se trata de un ente deliberativo que se rige por reglas parlamentarias que regulan que la desintegración de quórum no impide la votación como es el caso en el Congreso Nacional o las asambleas de los socios en las sociedades mercantiles, en donde el abandono de uno de sus miembros no impide la votación; pero la Junta se trata de un ente temporal o ad hoc con atribuciones determinadas y su válido funcionamiento depende de su cabal integración y el ejercicio del voto por todos sus miembros; la Junta debe tener su propio reglamento de funcionamiento por su carácter temporal. No he leído ese reglamento, pero sería contrario a la ley y la finalidad constitucional de dicha entidad, que en ese reglamento se dijera o regulara que puede funcionar la Junta, sin estar integrada por todos los miembros de las organizaciones que la componen al momento de votar. Lo penoso de todo esto es para justificar lo acontecido, se mantengan algunas posiciones que dicen que el retiro de algunos de los miembros de la junta nominadora, no impide la continuación del proceso porque están en sesión permanente o porque hacen la mayoría.
-¿Cómo profesional del Derecho qué recomienda que se haga para salir de este embrollo como usted señala?
La elección del Fiscal general y Fiscal adjunto es un tema muy serio del país y debe ser abordado con mucha responsabilidad, pues tiene que ver con el ejercicio de la acción penal en contra de sus infractores; que no puede seguirse permitiendo el manipuleo político que desprestigie el proceso de elección a la cual se han sometido honorables profesionales del Derecho. Después de estos hechos, los hondureños debemos preguntarnos: Cuál es la verdadera razón por la cual los diputados están más interesados en elegir al Fiscal General y Fiscal Adjunto aunque sea contrariando la Constitución y porque no tienen tanta urgencia en aprobar las reformas a la Ley del Ministerio Público para su mejor funcionamiento en beneficio del pueblo?
Finalmente, mi recomendación será siempre que se cumpla con la ley como debe ser en los pueblos en democracia, pues la propia Ley del Ministerio Público tiene ya los mecanismos legales para dichos eventos; es más fundamental y apremiante que se hagan las reformas a la Ley de Ministerio Público que nos garanticen la pronta investigación y ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad.
