La violencia y la disputa por el control territorial ejercen una "presión constante" sobre los pueblos indígenas de Honduras, poniendo en riesgo no solo su integridad física, sino también su derecho a la vida, la seguridad y la permanencia en sus territorios ancestrales, denunció este viernes el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, el ente estatal advirtió en un comunicado que, para garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios, el Estado debe atender de forma oportuna las causas estructurales que provocan el desplazamiento forzado, como la falta de seguridad sobre sus tierras y la violencia ejercida contra líderes y lideresas en un contexto de impunidad.
El Conadeh señaló que los pueblos indígenas enfrentan "una situación crítica" debido a la desprotección de sus derechos sobre sus tierras y a la violencia que padecen por reivindicarlos, en un contexto marcado por "la impunidad y la falta de acceso a la justicia".
El coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños del Conadeh, Frank Cruz, dijo que el desplazamiento interno que afecta a personas en situación de vulnerabilidad es consecuencia directa de la desprotección estatal.
Además, recordó que en agosto de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por no garantizar la protección de las tierras ancestrales y por las amenazas contra defensores indígenas.
Entre 2016 y mayo de 2025, el organismo de derechos humanos registró 221 denuncias de personas de al menos seis pueblos indígenas que reportaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, y en la mayoría de los casos, las denuncias estuvieron relacionadas con amenazas y despojo de tierras.
El informe detalla que el 52 % de los denunciantes fueron mujeres y el 48 % hombres. Por pueblos, el 62 % pertenece a la etnia misquita, el 16 % a la lenca, el 13 % a la garífuna, y el resto se reparte entre tolupanes, maya chortí y negros de habla inglesa.
De las 221 quejas, el 39 % se refiere a amenazas, el 28 % a despojo de tierra, propiedad o vivienda, el 13 % a asesinato de familiares y el 3 % a casos de extorsión, según cifras oficiales.
Entre los principales agresores figuran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, bandas criminales, personas desconocidas, integrantes del crimen organizado y personas identificadas por las víctimas, añadió.
El Conadeh reafirmó su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afro-hondureños, destacando que la conmemoración del 9 de agosto busca reconocer su fortaleza, su respeto por la naturaleza y su lucha constante por la defensa de sus tierras y del medioambiente.
