Dictan prisión preventiva para Leopoldo Crivelli y exfuncionarios de Banadesa

Los tres implicados en el fallido proyecto del mercado El Ceibón fueron acusados de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Dictan prisión preventiva para Leopoldo Crivelli y exfuncionarios de Banadesa
Cortés, Honduras.

La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción resolvió este viernes revocar las medidas distintas a la detención que habían sido otorgadas previamente a tres implicados en el fallido proyecto del mercado El Ceibón, en Choloma, Cortés, según informó la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) del Ministerio Público.

Con esta decisión, se confirmó el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el exalcalde de Choloma, Leopoldo Eugenio Crivelli Durant; el expresidente ejecutivo de Banadesa, Carlos Noé Ramírez Araque; y el exgerente de fideicomisos de la misma entidad, Raúl Antonio Herrera Rodríguez.

Los tres son acusados de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude, en relación con una serie de irregularidades detectadas en la financiación y ejecución del proyecto del mercado municipal, iniciativa que debía beneficiar a más de 270 vendedores ambulantes de la zona.

Proyecto fallido

De acuerdo con las investigaciones, el plan tomó forma en 2015, cuando la corporación municipal aprobó la construcción de un nuevo centro de ventas para brindar condiciones dignas a los locatarios que trabajaban en las calles del municipio. Sin embargo, el proceso terminó derivando en una serie de manejos cuestionados que nunca permitieron concretar la obra.

Capturan a Leopoldo Crivelli, exalcalde de Choloma, Cortés

Las autoridades fiscales señalan que el exalcalde Crivelli y el empresario Julio César Maldonado Hernández, de la empresa SURCO —también imputado en este caso— gestionaron un préstamo por 35.6 millones de lempiras ante Banadesa, contando supuestamente con la complicidad de funcionarios de la institución financiera, quienes habrían omitido los controles establecidos.

El dinero quedó bajo administración de SURCO sin mecanismos efectivos de supervisión. Según el requerimiento fiscal, parte de esos fondos habría sido destinado a gastos personales, pagos privados, transferencias particulares y cancelación de tarjetas de crédito, en lugar de invertirse en la obra.

El proyecto intentó justificarse con la construcción parcial de un edificio improvisado, sin condiciones mínimas y muy alejado de lo que se había prometido a los vendedores. La estructura nunca pudo funcionar como mercado y quedó abandonada e incompleta.

La investigación también señala que, pese al incumplimiento evidente del contrato, se obtuvo un segundo financiamiento que elevó el monto total del endeudamiento a 55,426,275.37 lempiras, cifra que actualmente recae sobre los propios locatarios.

Los afectados no solo quedaron sin el mercado prometido, sino que además fueron registrados como morosos en la central de riesgos, lo que les ha impedido acceder a nuevos créditos y ha profundizado su situación económica.

Con la resolución de la Corte de Apelaciones, el caso continúa su curso hacia la siguiente etapa procesal, mientras el Ministerio Público reafirma que seguirá impulsando acciones para esclarecer el destino de los recursos y la responsabilidad de los involucrados.

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Redacción La Prensa
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