El exdirector de Inversión y Estrategia de Honduras (Investh-H), Marco Bográn, quien acudió este jueves a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación (Atic), por investigaciones en su contra en un caso de sobrevaloración de medicamentos, fue detenido por determinación del Ministerio Público, tras dictársele un requerimiento fiscal en contra.
Junto a Alex Moraes, quien fungió como gerente administrativo de Investh-H durante el período de Bográn, serán remitidos por autoridades a un centro donde permanecerán recluidos, en medio de la investigación por el resonado caso de la adquisición de los hospitales móviles para afrontar la pandemia por la covid-19.
Bográn se encargó, en funciones como director del ente estatal, de la negociación y compra de siete instalaciones sanitarias adecuadas para tratar a pacientes de la enfermedad, a principios de 2020.
El exfuncionario es investigado por fiscales hondureños junto a Alex Moraes y otro funcionario de Invest-H. Esta institución adquirió, por concepto de 47 millones de dólares, siete hospitales móviles, sin embargo, su arribo a territorio hondureño se dilató más de cinco meses después (julio 2020).
El abogado Yerin Osmar Banegas Garcías, abogado defensor de Moraes y Bográn, aclaró que nunca ha trabajado para Invest-H.
'Nosotros venimos atendiendo una cita para que se declarara en la Agencia de Investigación Criminal, sobre la compra de consumos médicos que se hicieron el año pasado a una compañía china por medio del Banco Mundial, lo cual fue evacuado', expuso Marco Tulio Castro, defensor legal de Bográn, a la radio capitalina HRN.
El jurista extendió: 'La detención preventiva es una trampa para detener al hombre para luego presentar un requerimiento fiscal y no irlo a traer, sino que ya queda detenido'.
Delitos
A los imputados se les investiga por delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En casos externos a los hospitales móviles, principal elemento. Se mencionan causas por inflación de contratos y adquisiciones. Permanecerán con prisión preventiva, durante 24 horas, aunque podría extenderse si los fiscales consiguen esa medida.
La empresa Elmed Medical Systems fue la elegida por Bográn y los directivos de Invest-H para proveer los hospitales móviles. Esta empresa, representada legalmente por el guatemalteco Axel López, envió desde Turquía los sanatorios.
A Bográn y Moraes se les señala de adquirir de manera fraudulenta los hospitales por 47 millones de dólares (1,174,517,764.33 lempiras) y de pagar el 100% por adelantado a Axel López sin contar con las garantías de funcionamiento y calidad.
Mención
López también es mencionado en el informe de Ministerio Público tras decretarse un requerimiento fiscal en su contra, por dos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública a título de cooperador necesario.Sin embargo, tras arribar a territorio hondureño, después del auge pandémico, en medio del confinamiento y la saturación hospitalaria, autoridades nacionales constataron que las instalaciones mostraban falencias, desperfectos e irregularidades en cuanto a los detalles previstos.
Áxel López, representante legal de Elmed Medical Systems
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Fracaso
Por tanto, actualmente solo uno de los siete hospitales funciona con normalidad, en San Pedro Sula. La situación de los demás continúa en vilo, producto de evaluaciones que pretenden esclarecer cómo adecuar los hospitales para servir a una población que implora atención médica ante el embate de la enfermedad.Informes de instituciones de transparencia hondureñas destacan que el caso excedería el perjuicio económico de 800 millones de lempiras. En tanto, además del caso de medicamentos sobrevalorados, se siguen 22 líneas del Ministerio Público.
Lea aquí: 'El fabricante no tenía capacidad para este tipo de hospitales'
Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia detalló que el juzgado penal en materia de corrupción agendó para este viernes, a las 9:30 am., audiencia de declaración de imputados contra Bográn y Moraes.
Reacciones
Óscar Chinchilla, fiscal general de la República, destacó la investigación y el proceso que el Ministerio Público realizaron. A la vez, detalló, en cuanto al caso Invest-H y los hospitales móviles, que 'denota que el proveedor no tenía capacidad técnica ni recursos para fabricar los hospitales móviles'. Óscar Chinchilla, fiscal general
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Concluyo que “cualquier acto de corrupción es condenable, reprochable y censurable, pero los cometidos en el marco de la pandemia rebasan la capacidad de indignación que todos los hondureños pueden tener”.