A menos de tres semanas para que concluya el período ordinario del Congreso Nacional, crecen las probabilidades de que la oposición impulse una autoconvocatoria legislativa, en medio de la incertidumbre sobre la agenda de sesiones y el clima de tensión política marcado por el proceso electoral.
La iniciativa ha sido planteada por varios congresistas que temen que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no convoque a sesiones, lo que podría afectar la aprobación de temas cruciales como los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y de la Unidad de Política Limpia, ambos indispensables para el proceso electoral.
Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), explicó que la legislación hondureña contempla esta figura como un mecanismo constitucional para garantizar la continuidad del Poder Legislativo cuando no existe voluntad política desde la directiva del Congreso.
Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Congreso Nacional establecen que la autoconvocatoria puede proceder si una mayoría simple de diputados, o al menos cinco legisladores, la solicitan formalmente.
El penalista Raúl Paniagua señaló que, si bien el mecanismo es legal, carece de un instrumento coercitivo que lo haga operativo. “La autoconvocatoria es constitucional, pero no existe un ente que la respalde en la práctica. Sería una decisión política más que jurídica, y podría derivar en conflictos de legitimidad”, indicó.
A criterio del jurista, el problema radica en que no hay una autoridad que haga efectivas las decisiones emanadas de una sesión autoconvocada.
“Aunque los diputados se autoconvoquen, no hay garantía de que las decisiones que tomen sean publicadas en La Gaceta, por lo que carecen de validez. Incluso, quien presida una sesión autoconvocada podría enfrentar acusaciones de usurpación de funciones”, advirtió.
La diputada Maribel Espinoza, del Partido Liberal, alertó sobre la incertidumbre política que se vive dentro del Congreso Nacional y llamó a la oposición a prepararse si el titular del Legislativo no cumple su promesa de retomar las sesiones.
“Hay una promesa del presidente del Congreso, Luis Redondo, de que vamos a sesionar, pero ante la incertidumbre debemos estar preparados. Nosotros no vamos a permitir que llegue el 31 de octubre sin que se prorrogue el plazo legislativo”, expresó Espinoza.
La congresista enfatizó que, en caso de que se nombre nuevamente una Comisión Permanente, esta no tiene facultades para legislar, y advirtió que hacerlo sería un delito constitucional.
“La Constitución no otorga facultades a la Comisión Permanente para legislar. Si lo hicieran, estarían cometiendo un delito”, subrayó.
Además, Espinoza acusó al partido Libertad y Refundación (Libre) de realizar un “saboteo político” desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de entorpecer el proceso electoral.
Desde el 27 de agosto, el Congreso Nacional mantiene suspendidas las sesiones debido a la falta de acuerdos en temas como la aprobación de las reformas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y la autorización de nuevos endeudamientos millonarios, entre otros puntos pendientes.
Redondo dijo en una comparecencia el martes de esta semana que convocaría el 14 de octubre, sin dar una certeza.
