Tegucigalpa, Honduras.
A su vez, trabajan en otras
dos líneas de investigación del sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), la más reciente hace referencia a la compra de clínicas móviles en abril pasado y que estarían siendo subutilizadas.
En lo referente a los delitos contra la vida, serán presentados ante juzgados competentes los autores de varios crímenes, dentro de los que se destaca la acusación por la masacre acontecida el sábado 8 de agosto de 2020 en el municipio San Francisco de Becerra, Olancho, en el que perdieron la vida Norma Carolina Pacheco Bardales, Guillermo Antonio Erazo Ávila y José Javier Brevé Hernández.
La emergencia sanitaria que atraviesa el país a consecuencia del COVID-19 ha puesto en relieve el supuesto mal uso de fondos públicos por parte de algunas entidades y funcionarios de gobierno, razón por la que el Ministerio Público (MP), en el marco de la Operación Júpiter III, ahonda en diversas investigaciones para ejercer las acciones penales correspondientes.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) identificaron nueva documentación y registros de compras en el sistema de salud, al tiempo que se tomará una segunda declaración a Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H), programada para la 1:30 pm de este miércoles.
Asimismo, será citado el notario público Marco Tulio Castro, a quien se le investiga por su participación en la dudosa modificación de la escritura pública de la empresa Gestión y Tecnología (G y T), que involucra al empresario Juan José Lagos y su esposa la congresista Waleska Zelaya, en una compra de 474,000 mascarillas KN95, por un valor de 50,836,500.00 lempiras.
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Las autoridades también investigan supuestas irregularidades en las alcaldías de Santa Rita, departamento de Copán, Tela, departamento de Atlántida y Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.
De su lado, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) decomisa documentación sobre proyectos de mitigación ejecutados por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), del período 2010 – 2015, en los departamentos de Santa Bárbara, Choluteca y Ocotepeque.
 Agentes desplazándose a diferentes puntos de la ciudad de La Ceiba, en Atlántida.
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La crisis sanitaria actual también ha puesto en evidencia alarmantes índices de diferentes formas de violencia hacia la mujer, por lo que en Júpiter III se tienen previstas más acusaciones y capturas contra transgresores de víctimas vulnerables.
Operativo nacional
Por otro lado, se verifica el incumplimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad a los que están obligados todos los restaurantes, centros comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, hoteles, empresas del rubro turístico, instituciones financieras, entre otros comercios, a fin de salvaguardar la salud y la vida de los consumidores.La Operación Júpiter III, además está orientada a combatir la discriminación racial a pueblos indígenas, la protección a adultos mayores, casos de abusos sexuales en perjuicio de niños y niñas, desarticulación de redes de tráfico y trata de personas y diligencias por daños ambientales y explotación ilegal de recursos naturales minerales.
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Igualmente, se inspeccionan jefaturas policiales como parte de la labor en materia de derechos humanos, se efectúan operativos para contrarrestar delitos tributarios en las distintas aduanas, se vela por la propiedad intelectual e industrial y se coordina con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (Dlcn) y otras dependencias, la incautación de drogas.
 Allanamientos y capturas forman parte de la Operación Júpiter, puesta en marcha este miércoles.
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También dirigirán a nivel nacional una considerable cantidad de allanamientos, detenciones infragantis, capturas, acusaciones y operativos de control por una amplia gama de delitos, muchos de ellos que se han incrementado durante este período de emergencia.
