San Pedro Sula.
Este jueves se confirmó la muerte del narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, de 80 años de edad, tras 37 años en prisión en una cárcel de Missouri, Estados Unidos.
La noticia fue confirmada por Marlon Duarte, su representante legal en Honduras. Matta Ballesteros fue capturado por elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en las afueras de su residencia en Tegucigalpa, el 5 de abril de 1988.
Matta Ballesteros había sido condenado a 12 cadenas perpetuas en tierra estadounidense.
Su captura violenta en Tegucigalpa, cuando el presidente de Honduras era José Azcona, provocó manifestaciones violentas en ese año, frente al Parlamento y la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
Desde que fue capturado Matta se le acusó de estar implicado en la muerte violenta, en México, en noviembre de 1985, de Enrique Camarena, un exagente de la DEA, lo que en 2018 fue desvirtuado y la justicia estadounidense retiró los cargos por ese crimen.
El 5 de abril de 2022 Matta, quien en Estados Unidos fue condenado a cadena perpetua, le solicitó ayuda a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para poder regresar a su país.
Matta Ballesteros, según la justicia estadounidense, fue uno de los nombres más influyentes del narcotráfico latinoamericano durante las décadas de 1970 y 1980.
Las autoridades lo señalaron como pieza clave en el transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, utilizando Centroamérica como corredor estratégico.
El 8 de octubre de 2025, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California anuló la liberación compasiva que le había sido otorgada en mayo de 2025, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La revocación de la Corte responde a una apelación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el fallo del juez John A. Kronstadt, quien había autorizado la solicitud de Matta al estimar que negarle la posibilidad de gestionar directamente su liberación constituía una violación al principio de igualdad jurídica.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones no encontró inconstitucionalidad alguna. “El Congreso actuó dentro de sus atribuciones al aplicar la reforma de sentencias solo de manera prospectiva”, resolvió el tribunal de alzada.
La Fiscalía de Estados Unidos había solicitado al Tribunal suspender la liberación del excapo hondureño, al considerar que la decisión contradice las normas federales vigentes, representa riesgos procesales y podría sentar un precedente judicial problemático.
