Las empresas contratistas del sector construcción atraviesan una grave crisis financiera debido a la falta de pago por parte de diversas instituciones del Estado.
Según la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), esta situación se arrastra desde 2024 y se ha profundizado a lo largo de 2025, comprometiendo la continuidad de proyectos públicos y poniendo en riesgo el sustento de miles de familias hondureñas que dependen directamente de esta actividad económica.
De acuerdo con la Chico, la deuda estatal supera los 4,200 millones de lempiras. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) figura como el principal deudor, con alrededor de 2,300 millones de lempiras pendientes de pago y otros 300 millones en proceso de cancelación.
A esta cifra se suma la deuda de la alcaldía del Distrito Central, estimada en unos 800 millones de lempiras, mientras que el resto de las instituciones públicas adeudan aproximadamente otros 800 millones.
La falta de pagos ha afectado de forma directa a miles de trabajadores del rubro, quienes dependen de estos proyectos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y el pago de créditos.
A pocos días de la Navidad, el sector enfrenta una fuerte incertidumbre ante la imposibilidad de cumplir con salarios atrasados y el pago de aguinaldos, una situación que la Chico calificó como crítica y socialmente riesgosa.
Ponen en riesgo miles de empleos
Silvio Larios, director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, afirmó que la mora estatal se ha convertido en una práctica recurrente. “Que las instituciones gubernamentales adeuden a los contratistas se volvió una gran costumbre en el presente gobierno”, señaló.
Larios reconoció que este problema ha existido en administraciones anteriores; sin embargo, aseguró que en el actual período los pagos se redujeron a tres o cuatro al año y, en muchos casos, se realizaron de manera preferencial o selectiva.
El dirigente gremial sostuvo que el sector siempre ha exigido un proceso de pago justo, equitativo y transparente, lo cual, afirmó, no se ha cumplido.
“Solo nos queda solicitar que lo que queda de remanente sea pagado a la mayor brevedad posible”, expresó, al advertir que las empresas mantienen fuertes deudas no solo con proveedores, sino principalmente con su recurso humano.
Larios también cuestionó que, para poder ejecutar obras que ya fueron inauguradas y se encuentran en funcionamiento, muchas empresas se vieron obligadas a recurrir al financiamiento bancario.
Esta situación generó elevados costos por intereses que, según indicó, no serán reconocidos por las instituciones contratantes, beneficiando únicamente al sistema financiero y debilitando aún más la situación de las constructoras.
Además, el gremio alertó que la falta de liquidez coloca a las empresas en un escenario de alta vulnerabilidad, especialmente en algunas zonas del país, donde operar sin recursos suficientes implica riesgos adicionales.
Ante este panorama, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción hizo un llamado respetuoso, pero firme a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, a la alcaldía del Distrito Central, a la Secretaría de Finanzas, así como a instituciones como el Fondo Hondureño de Inversión Social, Pronader y la Secretaría de Defensa, para que honren los compromisos adquiridos.
“Esto se volvió insostenible”, enfatizó Larios, quien urgió a que los pagos se realicen antes del 24 de diciembre, a fin de que las empresas puedan trasladar esos recursos a sus trabajadores y evitar un mayor impacto social.
