Tegucigalpa, Honduras.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) mantiene 11 líneas de investigación en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp).
La olla de corrupción en esta institución fue destapada en mayo de 2014 por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
En ese entonces el CNA reveló que las autoridades del Injupemp realizaron pagos millonarios a abogados que fueron contratados pese a que el instituto tenía una unidad jurídica.
También informaron que la directiva del Injupemp recibió costosos regalos y que existía una planilla millonaria por concepto de ayuda humanitaria que representaba grandes erogaciones.
Estos expedientes son parte de las líneas de investigación que la Fetccop sigue.
Ayer en su cuenta oficial de Twitter @MP_Honduras el Ministerio Público informó que tres de las líneas de investigación se concluyeron y están en proceso de análisis para determinar la presentación o no de acciones judiciales a deducir las responsabilidades del caso.
Además se informó que el resto de líneas, ocho en total, permanecen abiertas para seguir el proceso de investigación.
Días atrás la directora del CNA, Gabriela Castellanos, expresó su preocupación ante la falta de requerimientos en este caso.
Recordó que los expedientes que el CNA realizó sobre el Injupemp se presentaron hace un año y ocho meses al Ministerio Público.
Judicializado
El único caso del Injupemp que ya pasó a los juzgados de lo penal es el contenido en la denuncia 2013-7812.
En este se denunció a Carlos Humberto Zúñiga, jefe de la división de finanzas de Injupemp, César Antonio Díaz, intermediario no autorizado y Manuel de Jesús Barahona, persona particular que no figura en el expediente como un funcionario.
A ellos se les imputaron delitos de abusos de autoridad, violaciones de los deberes de los funcionarios, fraude y malversaciones de caudales públicos y encubrimiento.
El daño patrimonial en este caso asciende a 5.4 millones de lempiras aproximadamente.
El 5 de marzo de 2014, el juez que conoció la causa dictó el auto de apertura a juicio oral y público contra los acusados por este nuevo escándalo.
El CNA señala que las líneas de investigación pendientes son la entrega anómala de ayudas humanitarias y el otorgamiento de jugosos contratos de publicidad otorgados durante la gestión pasada.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) mantiene 11 líneas de investigación en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp).
La olla de corrupción en esta institución fue destapada en mayo de 2014 por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
En ese entonces el CNA reveló que las autoridades del Injupemp realizaron pagos millonarios a abogados que fueron contratados pese a que el instituto tenía una unidad jurídica.
También informaron que la directiva del Injupemp recibió costosos regalos y que existía una planilla millonaria por concepto de ayuda humanitaria que representaba grandes erogaciones.
Estos expedientes son parte de las líneas de investigación que la Fetccop sigue.
Ayer en su cuenta oficial de Twitter @MP_Honduras el Ministerio Público informó que tres de las líneas de investigación se concluyeron y están en proceso de análisis para determinar la presentación o no de acciones judiciales a deducir las responsabilidades del caso.
Además se informó que el resto de líneas, ocho en total, permanecen abiertas para seguir el proceso de investigación.
Días atrás la directora del CNA, Gabriela Castellanos, expresó su preocupación ante la falta de requerimientos en este caso.
Recordó que los expedientes que el CNA realizó sobre el Injupemp se presentaron hace un año y ocho meses al Ministerio Público.
Judicializado
El único caso del Injupemp que ya pasó a los juzgados de lo penal es el contenido en la denuncia 2013-7812.
En este se denunció a Carlos Humberto Zúñiga, jefe de la división de finanzas de Injupemp, César Antonio Díaz, intermediario no autorizado y Manuel de Jesús Barahona, persona particular que no figura en el expediente como un funcionario.
A ellos se les imputaron delitos de abusos de autoridad, violaciones de los deberes de los funcionarios, fraude y malversaciones de caudales públicos y encubrimiento.
El daño patrimonial en este caso asciende a 5.4 millones de lempiras aproximadamente.
El 5 de marzo de 2014, el juez que conoció la causa dictó el auto de apertura a juicio oral y público contra los acusados por este nuevo escándalo.
El CNA señala que las líneas de investigación pendientes son la entrega anómala de ayudas humanitarias y el otorgamiento de jugosos contratos de publicidad otorgados durante la gestión pasada.
