El Ministerio Público (MP) presentó este martes una solicitud de antejuicio contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado, acusado por el delito de malversación de fondos.
Según la investigación, Aníbal Erazo Alvarado, junto a dos exregidores, habrían aprobado de forma irregular la donación de un terreno a la madre del juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda
El juez municipal fue señalado en otra causa por recibir sobornos a cambio de agilizar trámites dentro de la municipalidad.
Requerimientos fiscales
Bajo el mismo comunicado, autoridades del Ministerio Público también presentaron varios requerimientos fiscales contra exfuncionarios, empleados públicos, servidores del sector justicia y particulares señalados de defraudar la hacienda pública.
MP presenta varios requerimientos fiscales contra exfuncionarios, empleados públicos, servidores de justicia y particulares, y además promueve antejuicio contra alcalde de Santa Rosa de Copán pic.twitter.com/ojQJXTXS6a
— Ministerio Público (@MP_Honduras) August 26, 2025
Asimismo, fiscales de Fetccop presentaron ocho requerimientos fiscales adicionales. Entre ellos resalta la acusación contra exmiembros del Consejo Directivo del Hospital Escuela, señalados de haberse aumentado de forma ilegal y selectiva sus salarios en 2017.
También se presentó acusación contra cuatro agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes realizaron un allanamiento ilegal y sustrajeron 50,000 lempiras de la vivienda de un ciudadano en Ocotepeque.
Por otra parte, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusó a empleados del Instituto de la Propiedad y a particulares por un fraude inmobiliario en San Pedro Sula, que consistió en la falsificación de escrituras y el uso de firmas de notarios para inscribir inmuebles en el Registro de la Propiedad, los cuales luego fueron vendidos a víctimas por sumas millonarias.
Además, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) acusó a un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a dos empleados del Poder Judicial y a una agente de la DPI.
Finalmente, la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT) presentó tres requerimientos fiscales: uno contra dos empleados de la Dirección de Aduanas por incumplimiento de procedimientos aduaneros obligatorios, y dos más por defraudación fiscal y contrabando, que en conjunto representan un perjuicio económico al Estado superior al medio millón de lempiras.
