El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó este 14 de junio un requerimiento fiscal contra Gustavo Flores Carbajal, a quien se le supone responsable del delito de lavado de activos.
Gustavo Flores Carbajal, ya capturado por las autoridades, se desempeñaba como administrador de la sucursal de la empresa Koriun Inversiones en Choluteca.
Según las investigaciones del MP, el imputado manejó de forma antojadiza en sus cuentas personales un total de cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil ciento setenta lempiras con treinta y dos centavos (L52,482,170.32), fondos que pertenecían a los aportes realizados por los usuarios de Koriun Inversiones.
El requerimiento señala que Flores Carbajal habría desviado los recursos sin autorización y con fines distintos a los establecidos por la empresa, lo que constituye un presunto acto de blanqueo de capitales.
El caso forma parte de una línea de investigación más amplia que desarrolla la FESCCO en torno a las operaciones financieras irregulares de Koriun Inversiones en varias regiones del país.

Se espera que en los próximos días se definan las medidas judiciales contra el imputado y se continúe con el análisis de flujos financieros asociados al caso.
Hasta el momento, no se ha revelado el rostro de la persona implicada. Asimismo, las autoridades no han confirmado si existirán más requerimientos vinculados a otros posibles implicados.
Incertidumbre de los inversionistas de Koriun
Mientras las acciones judiciales se desarrollan, miles de hondureños siguen esperando que Koriun Inversiones les devuelva el dinero que invirtieron, atraídos por promesas de ganancias semanales del 5 %. Se estima que alrededor de 35,000 inversionistas estaban vinculados al esquema de Koriun Inversiones en Honduras
Tras la captura de Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones, y la incautación de millones de lempiras, los afectados claman por su dinero.
Los socios han denunciado públicamente que depositaron sus ahorros, vendieron propiedades e incluso se endeudaron para participar en la empresa, creyendo en la legalidad de sus operaciones.
El caso sigue generando preocupación nacional, especialmente entre quienes aún tienen la esperanza de recuperar su dinero. A través de diferentes canales de información siguen exponiendo su situación y advirtiendo que seguirán realizando protestas si no obtienen una respuesta de las autoridades o del Gobierno.