Al concretarse la primera etapa de los aseguramiento de bienes al expresidente Juan Orlando Hernández, la Fiscalía anda tras la pista de sus presuntos testaferros.
Desde a finales de la semana pasada, varias fiscalías del Ministerio Público comenzaron una serie de diligencias investigativas para identificar a personajes ligados directa e indirectamente con el exmandatario.
Entre los investigados figuran políticos y empresarios, los que supuestamente tuvieron nexos con el ex-Presidente.
Pero la Fiscalía no solo concentrará sus investigaciones en personas, sino también en empresas y compañías off shore (fuera del país) que de acuerdo con las primeras indagaciones tuvieron relaciones comerciales con Hernández.
Para expertos, la extradición del ex-Presidente es cosa juzgada, por lo que solamente se está a la espera de que se libren las comunicaciones entre la Secretaría de Seguridad y la Agencia Antidrogas (DEA) para concretar su entrega.
Si hay bienes que estén a nombres de testaferros, estos también serán asegurados, confirmó una fuente ligada al Ministerio Público.
El viernes anterior, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, aseguraron más de un centenar de bienes muebles e inmuebles al expresidente Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar.
Se trata de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros, informó el organismo fiscal. Las medidas de aseguramiento de estas propiedades fue autorizada por la jueza de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito Claudia Medina.
días detenido cumple hoy el
Juan Orlando Hernández, arrestado el 15 de febrero pasado en su casa en residencial Palmeras de San Ignacio.
Amparo
Con la finalidad de frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, por sus supuestos nexos con el narcotráfico, la defensa de Juan Orlando Hernández interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Para conocer este recurso, la Corte conformará esta semana una Sala Constitucional ad-hoc, integrada por magistrados de las cortes de apelaciones, quienes resolverán -sin dilación- el escrito.
Los actuales magistrados de la Sala Constitucional están inhabilitados para conocer el amparo a razón de que formaron parte del pleno de magistrados que actuó como tribunal de alzada en el proceso que confirmó la entrega de Hernández Alvarado a Estados Unidos.