Al menos 30 bienes inmuebles, entre los cuales destaca un lujoso hotel y una propiedad en una comunidad en las afueras de Gracias,, así como 80 productos financieros, ocho sociedades mercantiles y 16 vehículos, propiedad del expresidente Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar, fueron incautados y asegurados.
La operación, que fue producto de una orden emitida por el Juzgado de Privación de Dominio, fue ejecutada en los departamentos de Lempira, Francisco Morazán y Olancho, por el Ministerio Público a través de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (Dnlcn) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).
El proceso judicial que enfrenta Hernández en Estados Unidos contrasta opiniones entre los gracianos, ya que algunos opinan que se trata de una injusticia y otros piden que le caiga todo el peso de la ley.
Jorge Gómez Alvarenga, un artesano de Gracias que a diario se apuesta en el parque central de la ciudad, dijo a LA PRENSA que “me da mucho dolor ver lo que está pasando Juan Orlando, porque lo vimos crecer y somos amigos. Uno que lo conoce desde niño no puede creer que lo que dicen de él sea cierto porque viene de una familia buena”.
Otro graciano que prefirió no decir su nombre aseguró que las incautaciones que se realizaron “no es algo correcto porque la familia Hernández ha tenido propiedades desde hace muchos años, algunas son herencia”.
Ángel Mendoza, quien observaba el vaivén de los agentes de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico en el hotel Posada de don Juan, afirmó que “mucha gente está contenta con ver esto porque él era nuestro presidente y se dedicó a hacer cosas malas. Lo considero un tonto porque tenía mucha riqueza y aun así dejó un país en ruinas por tanto robo que hicieron”.
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En Gracias se aseguraron viviendas donde residen familiares de Hernández, entre ellos una de sus hermanas y su madre localizadas en la avenida Juan Lindo en el centro histórico de la ciudad. También se aseguró el restaurante El Mesón de Juan, los cuales gozan de renombre en la pequeña ciudad.
Empleados del hotel Posada de don Juan aseguraron que temen perder sus trabajos y desconocen si seguirán abiertos al público.
En cuanto a la administración de establecimientos como hoteles o centros recreativos, Bárbara Castillo, portavoz de los Juzgados, detalló que “desconocemos ese detalle, pero cuando hay aseguramientos posiblemente sí sigan funcionando, pero siendo administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi)”.
En las faldas de la montaña de Celaque, en la comunidad de Villa Verde, donde el exmandatario vivió muchos años, policías que resguardaban la propiedad aseveraron que desde hace varios días no se observaba movimiento en el interior y muchos empleados dejaron de ir a trabajar.
En Lempira, Francisco Morazán y Olancho
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que se procedió, luego de un coordinado trabajo de investigación patrimonial y financiero sobre el núcleo familiar de Hernández, a ejecutar una operación para el “aseguramiento e incautación” de los bienes del exgobernante “vinculados al núcleo familiar”.
Según la versión oficial, los familiares de Hernández “son sujetos de investigación conforme a las causales de privación de dominio de bienes de origen ilícito”.
“Es importante destacar que el juez competente decidió otorgar el aseguramiento del total de bienes fijados en la pretensión del Ministerio Público (lo que implica una prohibición registral de celebrar actos y contratos sobre los referidos bienes)”, añade el comunicado.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció esta semana que la esposa del expresidente y ex primera dama de Honduras, Ana García, realizó el traslado de dos propiedades a un banco de Tegucigalpa en concepto de pago de deudas, por alrededor de 60 millones de lempiras (2,4 millones de dólares), una semana antes de que el pleno del Supremo ratificara la extradición de Hernández a Estados Unidos.
El Ministerio Público subrayó que “es del criterio que en relación a los bienes otorgados en dación de pago a una institución financiera, luego de iniciado el proceso de extradición (el 14 de febrero), se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa”.
Además, “sobre el resto de bienes han recaído inversiones en concepto de mejoras que entran en el período de investigación y por tanto constituyen una mezcla de capitales, como precepto autorizante para el otorgamiento de las medidas solicitadas por el ente fiscal”, indicó el Ministerio Público.
Hernández, quien fue titular del Parlamento (2010-2014) y presidente de Honduras (2014-2022), permanece recluido desde el 15 de febrero, cuando fue capturado en su residencia en Tegucigalpa, en una unidad especial de la Policía Nacional.
El 28 de marzo el pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de extradición de Hernández que, el 16 de ese mismo mes, autorizó un juez natural designado para que conociera sobre el arresto preventivo que con fines de extradición solicitó Estados Unidos el 14 de febrero.
Estados Unidos acusa a Hernández de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas. Luego del fallo del pleno del Supremo, la defensa de Hernández presentó un nuevo recurso de amparo ante la sala constitucional del Supremo contra la ratificación de la extradición del expresidente, lo que, según penalistas, no tendrá efecto porque el fallo del pleno es inapelable.
Hernández, de 53 años, fue presidente de Honduras hasta el pasado 27 de enero, después dos períodos de cuatro años que fueron salpicados por múltiples denuncias de presuntos actos de corrupción y narcotráfico, lo que no investigó ninguna autoridad del país ni tiene ningún juicio abierto en su contra en los tribunales.
