El Ministerio Público habría solicitado al Tribunal de Sentencia que no tome en cuenta la pericia financiera presentada durante el juicio contra el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Chande Ardón, según afirmó este jueves su abogado defensor, Marlon Duarte.
El caso se encuentra a la espera de una resolución, ya que el próximo 24 de agosto está previsto que se dé a conocer el fallo del juicio oral y público desarrollado contra el exalcalde.
El abogado Duarte cuestionó que la Fiscalía pretenda restarle valor a una pericia financiera que, según explicó, fue realizada por el propio Ministerio Público y posteriormente rectificada durante el desarrollo del proceso.
“Bueno, es un caso insólito por el hecho de que pide no se tome en cuenta ni se le dé valor jurídico a su propia pericia”, manifestó el abogado.
El defensor sostuvo que este tipo de análisis constituye un elemento fundamental en procesos relacionados con lavado de activos y privación de dominio, debido a que permite establecer el origen y la justificación de los bienes objeto de investigación.
“Las pericias en los delitos de lavado de activos y en los temas de privación de dominio, la pericia financiera es la columna vertebral en este tipo de proceso”, afirmó Duarte.
Para explicar su cuestionamiento, el abogado comparó la situación con un proceso por homicidio. “Es como que en un homicidio dijese el fiscal del Ministerio Público que no se tome en cuenta la autopsia que determina las causas de la muerte de una persona. Pues es igual en materia de lavado de activos”, señaló.
Duarte también sostuvo que, conforme a su interpretación del Código Procesal Penal, el tribunal debe valorar las pruebas que fueron evacuadas durante el juicio y no sustituirlas por las conclusiones presentadas posteriormente por las partes.
“Y los tribunales, como lo establece ya el código en su artículo 336-337, para las formas de deliberación tomarán en cuenta las pruebas evacuadas en el proceso del juicio”, expresó.
Según el abogado, durante la evacuación de la pericia financiera de la Fiscalía se habrían realizado correcciones a los cálculos inicialmente presentados. Duarte aseguró que la perita del Ministerio Público reconoció errores y rectificó los saldos relacionados con los bienes de Ardón.
“En virtud que la propia fiscalía a través de su pericia determina que sí se justifican los bienes del señor Alexander Ardón”, afirmó el defensor, quien agregó que, bajo esa interpretación, su propia prueba financiera habría perdido relevancia para la defensa.
Duarte explicó que la acusación habría pasado de una cifra inicial de entre 40 y 50 millones a aproximadamente 6 millones, monto sobre el cual se habría formalizado el proceso. Además, señaló que el artículo 336 del Código Procesal Penal establece, según su interpretación, una relación de congruencia entre la formalización y las conclusiones de la Fiscalía.
"Las conclusiones no son medios de prueba. No puede decir un tribunal en cualquier parte del mundo que va a tomar en cuenta una conclusión como una pericia”, sostuvo la defensa de Ardón.
Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial del Ministerio Público sobre la petición señalada por la defensa.
¿De qué acusan a "Chande" Ardón?
Según las investigaciones del Ministerio Público, Alexander Ardón estaría vinculado con operaciones de lavado de activos relacionadas con la organización criminal conocida como el "Cártel AA", que presuntamente operó desde aproximadamente 2003 en actividades ligadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
La acusación sostiene que el exalcalde habría construido un patrimonio conformado por residencias, vehículos de alta gama y diversas propiedades que, presuntamente, tendrían origen en actividades ilícitas.
Las investigaciones también establecen que Alexander Ardón y su hermano, Hugo Ardón, lideraban el "Cártel de los Hermanos AA", estructura criminal que controló durante varios años las rutas del narcotráfico en los departamentos de Copán y Ocotepeque, en el occidente de Honduras.
Amílcar Alexander "Chande" Ardón fue alcalde de El Paraíso, Copán, entre los años 2000 y 2015. Durante ese período llegó a consolidar una fuerte influencia política en la región, mientras, según las autoridades estadounidenses y hondureñas, desarrollaba actividades vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos.
