Tegucigalpa, Honduras
Las nuevas placas vehiculares implementadas por el Instituto de la Propiedad (IP) en teoría son más modernas y contienen elementos de alta seguridad que impiden su clonación y uso por grupos criminales, pero en la práctica son mucho más caras y disfuncionales en vista que todavía no se dispone de los equipos electrónicos para leerlas e identificar a sus portadores.
| Proceso
Entrega de nuevas placas El Registro Vehicular del IP inició en octubre la entrega de las nuevas chapas de registro y hasta el 21 de noviembre se habían entregado 24,755 en total.
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Se estima que el Estado de Honduras erogará al menos 29.1 millones de dólares (cerca de 697.4 millones de lempiras) por la fabricación y distribución de al menos 1.3 millones de placas y pegatinas que deberán portar obligatoriamente los vehículos automotores registrados a nivel nacional, más la cantidad que se genere con el aumento de la demanda, según una investigación realizada por Diario LA PRENSA.
Con base en solicitudes de acceso a la información pública y entrevistas con juristas, expertos, funcionarios y exfuncionarios del IP, LA PRENSA tuvo acceso al contrato del proyecto y a otros documentos e información oficial que ponen en tela de juicio los beneficios económicos y de seguridad que se argumentaron en su momento para su contratación. Un hallazgo relevante es que el juego de las nuevas placas de carros tendrá un valor para el Estado de 26.57 dólares, es decir, un 191% más alto que las chapas vigentes, lo que generará un perjuicio, ya que actualmente solo se paga 9.13 dólares por el par.
Con el nuevo replaqueo, los propietarios de vehículos pagan 500 lempiras (20.8 dólares) por las dos unidades, mientras que el Gobierno asumirá la diferencia de 5.77 dólares (unos 138 lempiras). La chapa numerada de motocicletas actualmente se adquiere a un valor de 2.96 dólares, pero por la nueva se pagará 15.58 dólares, un 426% más de lo habitual.
Bajo esta negociación, el Estado perderá alrededor de 203.6 millones de lempiras en razón de la diferencia que deberá pagar o asumir para completar el valor real de la placa convenido con la empresa alemana Tonnjes.
Funcionarios de Coalianza y del IP consultados sobre este valor justificaron que las nuevas láminas contienen elementos de seguridad que no tenía la anterior, por lo que su costo es mucho más alto.
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Contrato
La fabricación y suministro de placas tipo I fue adjudicado el 19 de diciembre de 2014 a la sociedad alemana Tonnjes Group Latinoamérica con domicilio en Panamá, mediante un contrato suscrito por el presidente del consejo directivo del IP, Ebal Jair Díaz, el viceministro de Seguridad, Francisco Lima Bueso, el presidente de la Comisión para la Alianza Público Privada (Coalianza), Miguel Ángel Gámez, y el representa legal de Tonnjes, Lars Kenji Schneider.
No obstante, el replaqueo vehicular fue formalmente implementado el 22 de marzo de 2014 por el Gobierno con la publicación del decreto 369-2013 que indica que el proyecto integral denominado Operación, funcionamiento, financiamiento y administración del registro de la propiedad vehicular a nivel nacional e implementación de los centros de inspección vehicular”.
Dentro de este componente se incluyó el suministro de placas para autos y motocicletas, otorgamiento de licencias de conducir, modernización del sistema de sanciones de infracciones de tránsito y la tecnificación del recaudo de multas que actualmente aplica la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte.
Inicialmente el contrato suscrito con Tonnjes estaba dirigido a la fabricación de 545,614 placas tipo I (que es la lámina color verde que actualmente portan los vehículos) para suplir la mora y el desabastecimiento que había en aquel momento y que causó múltiples reclamos de la ciudadanía. Al final, Tonnjes terminó produciendo más de 611,000 placas tipo I debido al alto crecimiento vehicular que se dio entre los años 2015 y 2017.
En esta primera etapa se acordó que la compañía proveedora suministraría 280,471 placas de aluminio numeradas para carro por un valor de 9.13 de dólar y 265,143 de motocicletas a un costo de 2.96 de dólar.
Eso representó alrededor de 3.3 millones de dólares, cerca de 80.2 millones de lempiras al cambio actual.
| La fabricación de las placas comenzaría 10 meses después de la firma del contrato, el 19-12-2014
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Adendas
Sin embargo, en marzo, mayo y junio de 2016 se suscribieron con Tonnjes tres adendas al contrato original, una de ellas concediéndole la producción y suministro de las placas tipo II para el replaqueo de todo el parque vehicular, estimado hasta noviembre de 2018 en 1.4 millones de vehículos.
En un documento interno elaborado por expertos del IP, al cual LA PRENSA tuvo acceso, se formuló una serie de observaciones de tipo legal y económico, entre ellas el alto valor de las nuevas placas vehiculares y el perjuicio que esto causaría al Estado.
El documento estableció que un alto incremento en el costo de la emisión de las placas tipo II excedería la tarifa contenida en la ley y provocaría una pérdida para el Gobierno.
Se expuso que las placas de los carros pasarían de pagar 9.13 a 26.57 dólares y las motos de 2.96 a 15.58 dólares la unidad, lo que significaría que el Estado perdería la utilidad que ha venido percibiendo por las placas actuales y terminaría pagando unos 203.6 millones de lempiras por el sobrecosto.
En conclusión, los expertos sugirieron revisar los volúmenes de emisión de placas, así como el valor de las mismas y proceder a la modificación del artículo 8 de la Ley de Equilibrio Financiero que incluye la cantidad a cobrar por emisión y reposición de placas.
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Equipo
Por otro lado, del análisis técnico y legal del contrato se colige que hubo una serie de incumplimientos e inconsistencias, como por ejemplo el hecho que no se planificó e incluyó la compra de los equipos tecnológicos para la lectura de las placas.
Para que estas sean funcionales y contribuyan a facilitar la labor de los cuerpos de seguridad requieren la adquisición e instalación de lectores de código QR y sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), que se colocan en puntos estratégicos y de alto tráfico de las ciudades del país.
Los RFID contienen una antena y un lector que detecta la placa o pegatina lateral del vehículo a una distancia de 15 metros y a una velocidad de 200 kilómetros y luego procesa la información captada por las antenas e identifica cada vehículo que transita por la vía o tramo carretero.
Por lo pronto este equipo no existe y deberá hacerse otra compra o licitación separada.
Expertos consultados por LA PRENSA compararon que sin estos equipos las nuevas placas serán como portar un teléfono celular de última generación, pero sin un microchip o servicio de Internet que lo vuelva funcional y operativo.
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