Tres menores de edad nacidos en Estados Unidos, entre ellos un niño de cuatro años que recibía tratamiento contra un cáncer avanzado, fueron deportados a Honduras junto a sus madres la semana pasada, informaron medios internacionales.
La situación ha generado fuertes críticas por parte de abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, según CNN. Estos señalan que las expulsiones ocurrieron sin que se respetaran los procedimientos legales adecuados.
De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración, las deportaciones se realizaron luego de que las madres acudieran a reuniones rutinarias con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, como parte de un programa de control migratorio conocido como ISAP.
Uno de los casos involucra a una madre que, tras más de una década viviendo en el sur de Luisiana, fue citada junto a sus dos hijos a una oficina de ICE en Saint Rose.
Su abogada, Erin Hebert, denunció que no pudo acompañarlos durante la cita y que, poco después, le informaron de su detención, sin proporcionarle información sobre su paradero. Pese a presentar una solicitud urgente para detener la deportación, la familia fue enviada a Honduras en menos de 24 horas.
Otro caso similar involucra a una mujer embarazada que fue deportada con su hija de dos años, a pesar de que un juez había establecido una audiencia pendiente para revisar la situación de la niña, nacida en EE. UU. Documentos judiciales revelan que el juez había advertido que deportar a ciudadanos estadounidenses era "ilegal e inconstitucional".
Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, señaló que estos hechos reflejan "una preocupante erosión del debido proceso" en el manejo de casos migratorios.
