Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), acudió este miércoles a las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa para presentar las pruebas de un presunto plan entre una de las consejeras del ente electoral y un jefe de bancada de un partido político, con el propósito de provocar una crisis poselectoral.
Alrededor de las 4:20 de la tarde arribó el consejero a la colonia Lomas del Guijarro, avenida República Dominicana, en el Distrito Central, para presentar las supuestas evidencias incriminatorias.
“Hemos entregado 24 audios. En ellos se constata la voz de una consejera propietaria, del jefe de bancada de un partido político y de miembros de las Fuerzas Armadas”, expresó Ochoa en las recientes declaraciones.
Durante su participación en el programa Frente a Frente, Ochoa, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró en horas de la mañana que tiene en su poder “una USB con audios y evidencias fehacientes” que, según él, demuestran un plan para alterar la estabilidad política tras los comicios del próximo 30 de noviembre.
“En mi mano tengo una USB con pruebas fehacientes y audios entre una consejera del CNE y un jefe de bancada de un partido tradicional que revelan un plan para generar una crisis poselectoral”, declaró el funcionario, quien además informó que este mismo día presentará el material ante el Ministerio Público. “Hoy, a las 4:00 p.m., entregaré todo al Ministerio Público”, precisó.
Ochoa sostuvo que el CNE atraviesa una “crisis electoral” a solo 38 días de las elecciones generales, señalando al diputado Jorge Cálix, aspirante por el departamento de Olancho, de provocar retrasos en el cronograma electoral.
Ciudadanos y militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) se concentraron frente al MP para acompañar a Marlon Ochoa.
Denuncia ante el Ministerio Público
“Mi denuncia se fundamenta en información y material de audio que vengo obligado a transmitir a las autoridades competentes para que sea sometida a una investigación rigurosa, por tratarse de la existencia y organización de un plan que tiene por objetivos claros desacreditar de manera sistemática y dolosa el proceso electoral general de 2025, y generar y promover una crisis de legitimidad y desestabilización del Estado de Honduras”, agregó.
Ochoa añadió que los hechos podrían constituir delitos graves contra la seguridad del Estado, el orden público y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.
“Se trata de acciones que podrían configurar delitos como sedición, traición a la patria, asociación ilícita, asociación terrorista, conspiración, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones incompatibles, coacción y amenaza electoral, con perjuicio gravoso para el pueblo hondureño”, detalló el consejero del CNE.
