El exdirector ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Antonio Bográn Corrales, acudirá mañana nuevamente a los tribunales de justicia a la audiencia de lectura de sentencia para conocer el fallo final y los años de prisión que deberá de cumplir.
El exfuncionario fue condenado por el delito de fraude por el caso de corrupción en el que se vio involucrado con la compra de siete hospitales móviles para hacerle frente a la pandemia del covid-19.
PARA RECORDAR
19 de marzo y 2 de abril. Entre los meses de marzo y abril de 2020, el Estado de Honduras a través de Invest-H compró siete hospitales móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia covid-19. Hospitales que llegaron meses después de su compra venta.
Bográn Corrales podría enfrentar entre diez y once años de prisión, así lo determinó la terna de jueces en la audiencia de individualización de la pena.
El exejecutivo de Invest-H además deberá pagar una multa que ascendería a más de mil millones de lempiras al terminar de pagar su pena de prisión.
Bográn también asistirá este día a audiencia de declaración de imputado por un nuevo caso de corrupción referido a la compra de mascarillas con fondos de Invest-H.
Declarado culpable del delito de fraude continuado agravado, Bográn podría enfrentar entre diez años, dos meses y quince días de cárcel y once años y ocho meses de cárcel. Sin embargo, analistas replicaron sobre el caso, por la controversia generada que derivó de la interpretación de la declaratoria y concluyeron que Bográn podría recibir un beneficio de libertad condicional una vez cumpla la mitad de la pena impuesta.
47 MILLONES DE DÓLARES
Fue el costo de los hospitales móviles que Honduras compró a una empresa en Turquía.
El Código Penal de Honduras establece que, al cumplirse la mitad de la pena carcelaria, el imputado podría adjudicarse la libertad condicional.
El abogado de Bográn, Asdrúbal Murillo, explicó al respecto: La pena tiene que cumplirse; esa es la regla general. Después entra en juego la libertad condicional, que es un beneficio que se otorga en los Juzgados de Ejecución, cumpliendo determinadas reglas y por lo menos (el recluso) tiene que cumplir la mitad de la pena para poder obtener ese beneficio”.
