La irregular contratación del campamento de viviendas de Patuca III, sobrevalorado en más de 102 millones de lempiras y adjudicado a una de las empresas ligadas al grupo criminal de Los Cachiros, es otra de las líneas de investigación en las que trabaja la Unidad Especial Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), cuyos resultados se presentarán próximamente.
El lunes de esta semana, la Ufecic-Maccih presentaron la primera de varias líneas de investigación relacionadas con la sobrevaloración del menaje y equipamiento de las oficinas y viviendas del campamento de Patuca III, hecho por el cual se acusó a diez personas, entre ellas, al principal testaferro de Los Cachiros, Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Lizzeth Salgado y su hijo Roberto Arturo Mejía, todos prófugos de la justicia. También se acusó al exdirector de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (Ueper), Gabriel Prieto, y Renán Maldonado, exdirector de licitaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y otras cinco personas que participaron en la anómala adjudicación.
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Nuevo caso. La otra línea investigativa en la que la Ufeccic esta bastante avanzada, según una fuente ligada a las investigaciones, es la construcción del campamento habitacional y de barracas valorado inicialmente en 98 millones de lempiras, pero en el cual hubo una sobrevaloración de 102.1 millones de lempiras.
Proyecto sobrevalorado. El campamento de Patuca III se sobrevaloró en 102 millones de lempiras a través de varios contratos, documentos confidenciales que muestran el acta de adjudicación y la notificación del exgerente de la Enee, Roberto Martínez.
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