De destrezas en el manejo de armas de guerra hace gala un grupo armado que se autodenomina Los Perrones del Aguán.
Ver especial: disputa de tierras en el valle del Aguán, enclavado en el departamento de Colón, ha causado más de 90 muertes violentas desde 2009.
Las autoridades policiales y militares han detectado que en esta zona, apetecida por sus fértiles tierras para el cultivo de palma africana, operan en total seis bandas criminales, cuatro que se dedican a invadir fincas, otra al sicariato y un nuevo grupo armado: Los Perrones del Aguán.
“Tengo un video en el que aparece un grupo de hombres con sus armas haciendo exhibiciones tácticas.
Suponemos que estos son los que atacan a las compañías de seguridad, al Ejército y a la Policía. El video fue grabado el pasado febrero”, informó Alfaro.
El comandante agregó que en la cinta se observa a un empistolado sin pasamontañas. “Esto puede ser clave para identificar esta nueva banda.
Tenemos sospechas de que ellos -Los Perrones del Aguán- fueron los que nos atacaron el 1 de marzo y que dos días después hicieron lo mismo contra guardias de la finca Boleros, ubicada en la margen izquierda de Trujillo”, expresó Alfaro.
Al consultarle por qué creen que fueron los causantes del ataque, respondió: “Por los diferentes calibres de armas que usan en sus ataques”.
Decepción
Alfaro añadió que “a veces no nos sentimos respaldados por las autoridades judiciales en la lucha contra el crimen.
A veces sentimos que hay falta de apoyo del sistema judicial. Por ejemplo, el individuo José Dagoberto Andino Montes, con número de identidad 0107-1977-02916, fue detenido en el sector conocido como Los Limones, Santa Rosa de Aguán, Colón, el 13 de diciembre del año pasado. Este transportaba lanzacohetes, fusiles, granadas municiones, uniformes militares y policiales; pero el juzgado de letras seccional de Trujillo, Colón, le dio sobreseimiento”, lamentó.
Disputa de tierras
La gravedad de la disputa por tierras, que desemboca en enfrentamientos armados y violencia, se agrava por el enredo legal que existe en torno a algunas fincas que actualmente están tomadas por campesinos.
Las empresas afirman tener en total legalidad la documentación que las acredita como propietarias de las plantaciones; pero los labriegos afirman tener el derecho a la tierra para cultivar y producir.
Un juzgado da la razón a una parte y una corte se la otorga al otro grupo. Los empresarios de la zona reclaman al Gobierno que haga valer el respeto a la propiedad privada y aseguran que esto es una forma más de alejar la inversión del país, pues no se garantiza la seguridad jurídica a los inversionistas en Honduras.
El conflicto legal está en al menos cuatro fincas invadidas en la zona del Bajo Aguán.
Julián Hernández, presidente del Movimiento Auténtico Reinvindicador Campesino del Aguán (Marca), confirmó el grave problema que hay en el valle del Aguán. “Las fincas El Despertar, San Isidro y La Trinidad son ocupadas actualmente por miembros de nuestro grupo.
Hace 16 años que lidiamos con este proceso de lucha por la tierra por la vía judicial. Hay un fallo que salió a favor de nosotros, somos los dueños, no invasores”, dijo.
La finca La Trinidad (576 hectáreas), ubicada en la aldea La Trinidad del sector de Río Claro, Trujillo, es un ejemplo de la “telaraña judicial” que existe en la zona.
El predio es disputado entre la empresa Oleopalma y los miembros de Marca. El Juzgado de Letras de Trujillo emitió una sentencia a favor de los campesinos y estos actualmente ocupan esas tierras.
Debido a la decisión de este juzgado, la empresa que también reclama ser dueña de los terrenos interpuso en la Corte de Apelaciones de La Ceiba un recurso en contra de dicha sentencia. Desde el año anterior la resolución del conflicto está en manos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; pero aún está pendiente de emitirse un fallo sobre el caso.
Prácticamente en idéntica situación está la finca El Despertar (439 hectáreas), ubicada en la comunidad El Despertar, en Trujillo, Colón; se la disputan la empresa Oleopalma y Marca.
El Juzgado de Letras de Trujillo emitió sentencia que favoreció a los campesinos que tienen ocupada la tierra; pero la empresa interpuso recurso contra ese fallo en la Corte de Apelaciones de La Ceiba y de igual manera la decisión final debe ser tomada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La historia se repite en la finca San Isidro (620 hectáreas), que se encuentra en el sector de Palmeras en Tocoa, Colón.
La finca se la disputan la empresa Exportadora del Atlántico y Marca, que está ocupando los terrenos.
En este caso fue el Juzgado de Letras de Tocoa, Colón, el que emitió fallo a favor de los campesinos; pero la empresa interpuso recurso contra esa decisión en la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán. Esta es otra tarea pendiente que tiene que resolver la Sala Constitucional.
Otro caso envuelto en conflicto legal es el de la finca La Consentida (450 hectáreas) que está en la aldea Rigores, Trujillo, y pertenece a la empresa Cofructo; pero se encuentra ocupada por campesinos del Movimiento Campesino Reinvindicador de Rigores (MCRR).
Hay pendiente una resolución en el Juzgado de Letras de Trujillo para definir a quién se otorga la propiedad de la finca.
Mientras continúa la tensión, las invasiones y la disputa legal, el Gobierno se mantiene de brazos cruzados, a pesar de que la sangre sigue corriendo.
