Tegucigalpa, Honduras.

Con la publicación en el diario oficial La Gaceta de un decreto ejecutivo el pasado ocho de enero se le dio el tiro de gracia al Fondo Vial, el cual fue intervenido en mayo del año pasado.

Mediante el decreto Ejecutivo PCM-086-2017, el Gobierno ordenó y aprobó suprimir esta dependencia. La publicación salió en el diario oficial La Gaceta número 34,536.

El Fondo Vial fue por años una institución manchada por actos de corrupción al conceder de forma dudosa contratos para el mantenimiento de la red vial primaria y secundaria del país.

Lo último que detectaron es que el cartel de Los Cachiros, liderado por los hermanos Rivera Maradiaga, manejaba jugosos contratos con esta dependencia del Estado. Ante estos señalamientos en mayo, mediante el decreto PCM-040-2017, el Ejecutivo ordenó la intervención del Fondo Vial, liderada por Inversiones Estratégicas de Honduras (Investh), antes Cuenta del Milenio.

Decreto

El artículo uno del actual decreto manda “suprimir la dependencia de la administración pública centralizada, denominada Fondo Vial”, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep). El documento solicita “proceder a la inmediata clausura y liquidación operativa, administrativa y financiera de la misma”.

La actual junta interventora debe traspasar los recursos materiales del Fondo Vial a la Secretaría de Finanzas.

Para ese fin “se instruye a la Secretaría de Bienes Nacionales para que proceda a tomar posesión de los mismos”, la que deberá realizar un inventario y tomar las medidas necesarias para su aseguramiento. En su artículo seis, el decreto ordena despedir a los empleados del Fondo Vial, garantizándoles el pago de sus prestaciones y derechos laborales.

Al concretarse la liquidación de esta dependencia del Estado, la Secretaría de Finanzas se hará responsable de sus obligaciones financieras.

Al mismo tiempo se solicitará al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la práctica de una auditoría.

Esta investigación será de carácter financiero y forense y los hallazgos serán informados al Presidente de república a fin que se liberan las “responsabilidades y sanciones administrativas que correspondan”, se detalla en el documento.