La Secretaría de Finanzas dará la última redacción del decreto que soluciona la compra-venta de tierras en el Bajo Aguán.
El anterior decreto que causó resquemor entre los campesinos fue retirado por la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, pues los campesinos lo rechazaron y señalaron que estaba redactado a favor de los bancos.
Victalino Mejía, portavoz del Movimiento Unitario Campesino del Aguán, Muca, dijo que la posición es que las hipotecas no deben quedar a nombre del sistema financiero, sino del Estado, que es el aval solidario. Afirmó que no hay que confundir este préstamo con los tradicionales, pues se trata de una negociación que surge de un problema grave que le compete resolver al Estado.
En ningún momento, el Muca pretende soslayar el compromiso porque sabe que es necesario pagar el cien por ciento las tierras, afirmó el dirigente.
Puntualizó que los campesinos quieren tener poder de decisión en el comité técnico que manejará la parte administrativa del fideicomiso. Esta figura financiera se sustentará en la retención de, al menos, el 35% de la venta de la fruta de la palma africana que harán los campesinos durante quince años.
El endeudamiento de los campesinos supera los 600 millones de lempiras, que tendrán que ser pagados por unas 4,000 familias beneficiadas.
Hasta el martes
El presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, anunció ayer que la versión revisada de dicho proyecto de decreto se conocerá hasta el próximo martes y será turnada a la comisión de dictamen, que preside el diputado Mauricio Oliva.
Hernández afirmó que dicha comisión no podrá hacerle cambios a ese decreto, pues contiene los acuerdos a que llegaron las partes en conflicto.
El viceministro de Finanzas, Carlos Borjas, le pidió al Gobierno tener mucho cuidado con la redacción del decreto legislativo porque “podríamos poner en precario la firma del Fondo Monetario Internacional o particularmente los acuerdos que hemos suscrito”.
“La garantía de esos créditos deben ser la tierra y la producción. El Gobierno puede servir de aval, pero con ciertas condiciones, de forma que no afecten las obligaciones del Gobierno”, expresó.
Son 4,722 hectáreas
El decreto del Ejecutivo establece la venta de 4,722 hectáreas a 135,000 lempiras cada una, que serán asignadas a campesinos del Muca y del Movimiento Auténtico Renovador Campesino, Marca.
El diputado Francisco Rivera, presidente de la comisión de presupuesto II, advirtió que las autoridades del Ejecutivo deben reflexionar más sobre los compromisos que adquieren con ese decreto. “Si el Estado firma como aval solidario por mil millones de lempiras, adquiere un compromiso que se contabiliza como deuda interna, lo que pone en riesgo el acuerdo económico 2010-2012 suscrito con el Fondo Monetario Internacional, advirtió el congresista.
